Por Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.
En los últimos años, muchos han recurrido, por un lado, a la corrupción para explicar los grandes problemas de nuestro país y por otro, a la transparencia como uno de los principales instrumentos para hacerle frente.
Sin que haya una definición consensuada sobre el término corrupción, podemos entenderla como el abuso del poder para obtener un beneficio personal, clasificada en gran o menor escala y política, a partir de la cantidad de recursos que se pierden, del sector en el que se producen y del impacto social que generan.
También es reiterativo evaluar a la corrupción con los resultados que se derivan de la comparación entre los esfuerzos institucionales de todos los ámbitos y la percepción ciudadana sobre los avances para erradicarla, de lo que es oportuno resaltar que siguen representando un reto en virtud de la más reciente calificación publicada por Transparencia Internacional, que ubica a México entre los 50 países más corruptos.
En contraparte, la Ley General de Transparencia, en 2015 ocupó el primer lugar en la clasificación global del derecho a la información, elaborada por organizaciones internacionales no gubernamentales agrupadas en el Centre For Law and Democracy y Access Info Europe. Asimismo, en 2016 se publica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que distingue entre faltas graves, no graves y hechos de corrupción cometidos por particulares.
Pero si estos recientes ordenamientos, a los que se añaden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concebidas en su momento como base de la estrategia nacional para evitar y erradicar la corrupción, no han sido suficientes para mejorar el Índice de Percepción de la Corrupción, entonces ¿qué falta por hacer? ¿qué se debe reformular? o ¿quién de los involucrados en su atención necesita acelerar el paso?
Aquí es importante mencionar los esfuerzos realizados por la Secretaría de la Función Pública al lanzar el portal Ciudadanos Alertadores, que permitirá a los ciudadanos informar sobre actos graves de corrupción y violaciones a derechos humanos en los que se encuentren involucrados servidores públicos federales; sin duda, las acciones están tomando forma y nos corresponde seguir apostando por mejorar la calificación de México, resultando necesario garantizar la solidez institucional, con la que se contribuye al fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública.
Pero, aunque sea frecuente enunciarlo, las acciones para contener, combatir y pensar en erradicar la corrupción no son responsabilidad exclusiva del gobierno. Un estudio auspiciado por el CIDE, sostiene que el 44% de las empresas mexicanas ha reconocido haber pagado un soborno alguna vez. El 75% de estos pagos se utilizan para conseguir licencias o agilizar trámites.
Esto comprueba que la corrupción no afecta sólo a sectores gubernamentales sino también a los económicos y privados, y por ello es trascendental fomentar la participación de la sociedad. Finalizo citando a David Arellano Gault (2012): "…Enfrentar entonces la corrupción implica un esfuerzo social y gubernamental sistemático, paciente, serio e integral..."