Lía Limón García
La decisión del presidente de cancelar el Programa de Estancias Infantiles y dejar sin espacios de cuidado a 329,753 hijos de madres trabajadoras, viola los derechos humanos de niños y niñas y de las madres, y es contraria a la visión de sentido social y de equidad de género que debiera tener un gobierno de izquierda.
Para dimensionar el problema que genera esta decisión, comparto algunos datos. El gobierno federal, a través de los distintos esquemas de cuidado de primera infancia, atiende alrededor de 600,00 niños, el 35% en guarderías para hijos de madres con seguridad social (ISSSTE e IMSS), el 18% en el DIF Nacional y el 47% en las estancias infantiles. Esto quiere decir que la red de estancias da servicio a casi la mitad de los niños que reciben atención a través del sistema federal de cuidado de primera infancia y quitarles el apoyo implicaría cerrarlas, como ya está empezando a suceder, poniendo en riesgo a esta población.
La problemática se torna más grave si consideramos que hay 9,565 estancias infantiles en 1,294 municipios del país, es decir, en un 53% de los municipios, a diferencia de las guarderías del IMSS y el ISSSTE que son solo 1,607 y su cobertura territorial es mucho menor.
Aunque el gobierno dice que el programa no desaparece sino que sólo cambian las reglas, los cambios que han decidido emprender lo desaparecen de facto y eliminan una red de cuidado a primera infancia que lleva 12 años operando de manera exitosa.
Las beneficiarias del programa son familias de escasos recursos, la decisión de reducir el apoyo y darlo directamente a las madres trabajadoras muy probablemente lleve a que éstas en muchos casos, decidan gastar ese dinero en otras necesidades poniendo en riesgo la sustentabilidad de las estancias y sacrificando el cuidado y desarrollo de sus hijos.
Por otro lado, una madre que llevaba a su hijo a una de las estancias que pertenece al programa, tenía la garantía de que ésta era supervisada periódicamente por diversas instancias locales y federales. Si el estado no se hace responsable de que estos centros operen bajo una serie de reglas de seguridad, higiene, alimentación y cuidado, las madres no tendrán garantías sobre su buen funcionamiento y sobre el impacto positivo en los menores.
Además, las responsables de las estancias cuentan con experiencia y profesionalización, están certificadas en diversas normas de cuidado infantil y un numero importante de ellas cuentan con carreras como pedagogía, psicología o puericultura. Asimismo, han recibido capacitaciones de diversos organismos y organizaciones de la sociedad civil como la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo Julia Borbolla, la Fundación Michou y MAU y Save the Children.
El gobierno, para descalificar el programa y la red de estancias, ha afirmado que no quiere intermediarios en la entrega de apoyos o que en las estancias hay corrupción. Las responsables no son intermediarias, son mujeres de la comunidad que apoyan a otras mujeres trabajadoras atendiendo a sus hijos y cuyo trabajo está bien calificado por las beneficiarias, pues de acuerdo al Coneval el 97% de las madres consideran que el programa ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de sus hijos.
Con relación a la afirmación de que en el programa hay corrupción, han dicho que encontraron 300 estancias que operaban con "irregularidades", sin decir cuales, que tipo de irregularidades, donde están ubicadas y quienes son las responsables. En caso de que esta afirmación fuera cierta, es absurdo que por 300 estancias se afecte a 9265 que operan bien y a casi 330,000 niños. Además, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, sólo se han hecho observaciones al 1.8% del presupuesto del programa. Cancelar el programa con ese argumento, sería tan errado como amputarle el brazo a una persona que se fracturó un dedo.
Hoy el estado tiene la obligación de privilegiar el interés superior de la niñez y generar políticas de atención a la primera infancia y este programa es uno de los pocos enfocados a ello. Darle el apoyo directamente a las madres sólo genera una clientela, pero no tiene ningún enfoque de desarrollo infantil.
Por otro lado, el estado también está obligado a generar políticas públicas que contribuyan a conciliar trabajo y familia. Al respecto, el Coneval ha señalado que el Programa de Estancias Infantiles promueve la inserción y permanencia en el mercado laboral, que el 70% de las madres que permanecieron mas de dos meses en el programa accedieron a un trabajo remunerado y el 93% de ellas que tenían trabajo al ingresar al programa lo mantuvieron o mejoraron su posición. Asimismo, el 34% de las madres ha dicho que si el programa desaparece, tendrían que abandonar su empleo, y muchas otras que no tienen esa opción, tendrán que seguir trabajando, sacrificando la seguridad, alimentación y desarrollo de sus hijos.
Por último, el gobierno ha argumentado que el programa no llega a quienes más lo necesitan y esa afirmación me parece errónea. De manera natural, a las estancias llegan los hijos de las madres que necesitan de sus servicios. Todas ellas trabajan y la mayoría carece de seguridad social, algunas tiene mayor ingreso que otras, pero todas, sin excepción, tiene la necesidad de contar con centros que funcionen en condiciones optimas para la atención y el cuidado de sus hijos.
El programa es perfectible como toda política pública, pero los datos reflejan que en términos generales ha sido una política exitosa y tirarlo a la basura es una irresponsabilidad, es hacerse a un lado en temas en los que el Estado tiene obligaciones claras.