Brasil necesita combatir el crimen sin sacrificar las libertades, administrar sus recursos sin abandonar a los más vulnerables y proteger sus instituciones frente a la tentación autoritaria.
Como ya es costumbre en la compleja y conflictiva historia política de Brasil, el domingo 25 de octubre los votantes enfrentan una polémica elección presidencial entre Lula, un debilitado líder obrero de 80 años que busca su cuarto mandato, y Flavio Bolsonaro, hijo de un expresidente golpista, investigado por corrupción y respaldado por la extrema derecha latinoamericana.
Ambos candidatos coinciden en señalar la criminalidad como el principal problema del país, pero discrepan radicalmente sobre cómo combatirla.
Lula propone privilegiar la inteligencia, la cooperación institucional, la asfixia financiera del crimen organizado y la protección de los derechos, en lugar de recurrir exclusivamente al castigo.
Flavio plantea endurecer las penas, declarar narcoterroristas a los criminales, bloquear sus activos y recuperar territorios dominados por organizaciones delictivas.
Inspirado en el modelo salvadoreño, propone construir cinco cárceles federales de máxima seguridad y crear medio millón de plazas penitenciarias en cuatro años.
A mi juicio, ninguna propuesta garantiza una solución duradera.
El impacto inmediato de la política de Nayib Bukele en la seguridad pública es innegable, pero su sostenibilidad genera dudas por sus costos, el debilitamiento de las garantías democráticas y los límites del encarcelamiento masivo.
La propuesta de Lula no tiene plazo límite.
En cuanto al papel del Estado, Lula prioriza la democracia, la participación social y la reducción de las desigualdades.
Sus críticos advierten que el gasto público podría agravar el déficit, aumentar la inflación y desalentar la inversión privada.
Flavio defiende una agenda liberal conservadora centrada en la autonomía individual, la familia y el libre mercado.
Propone reducir el gasto y la burocracia y descentralizar funciones. Sus críticos temen que los recortes debiliten la protección social y los servicios básicos, y que sus propuestas laborales favorezcan a los empleadores.
Otra cuestión crucial es el riesgo de retroceso democrático. En el caso de Lula, preocupan la falta de transparencia, la corrupción, la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el respeto a los contrapesos institucionales.
Flavio ha cuestionado la imparcialidad electoral y defendido una amnistía relacionada con los procesos contra su padre.
Su trayectoria familiar y sus declaraciones suscitan dudas sobre su compromiso con las reglas democráticas.
En materia ambiental, Flavio respalda la deforestación amazónica y la presenta como un combate a la «agenda ambiental radical».
Lula promete frenar la deforestación, alcanzar la meta de deforestación cero en 2030 e impulsar la economía verde.
Sobre la corrupción, las acusaciones más concretas contra Flavio se relacionan con el financiamiento de Dark Horse y Banco Master.
En el caso de Lula, el antecedente judicial más relevante es Lava Jato, aunque sus condenas fueron anuladas.
Es esencial distinguir entre acusaciones, investigaciones y condenas firmes: no son equivalentes ni prueban por sí solas la culpabilidad.
Así las cosas. ¿Qué es lo que está en juego?
No se trata de elegir entre un candidato sin defectos y otro que los concentra todos, sino de evaluar quién ofrece mejores posibilidades de combatir la inseguridad, reducir las desigualdades y respetar los límites del poder.
Brasil necesita combatir el crimen sin sacrificar las libertades, administrar sus recursos sin abandonar a los más vulnerables y proteger sus instituciones frente a la tentación autoritaria.
La pregunta decisiva no es quién promete mano más dura, sino quién puede garantizar seguridad y prosperidad sin poner en riesgo la democracia.
Y, en este sentido, Lula es quien ofrece mayores garantías.