Socio y director de operaciones de ágora.
“Algunas personas sueñan con el éxito; otras se levantan cada mañana y hacen que suceda.” Howard Hughes
La frase atribuida a Howard Hughes encierra una lección incómoda para cualquier proyecto de escala industrial. Soñar es necesario.
Pero ninguna visión despega por la fuerza de su anuncio. Requiere ingeniería, combustible, autorizaciones, capital, equipos alineados y una pista que resista el peso del avión.
México tiene hoy una aspiración industrial válida. Producir más, sustituir importaciones, atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y aprovechar su posición en América del Norte.
El Paquete Económico 2027 mantiene los incentivos asociados al Plan México y coloca a la inversión como una de las palancas para acelerar el crecimiento.
La discusión, sin embargo, no debería detenerse en si hay o no estímulos fiscales. La pregunta más relevante es otra: ¿estamos construyendo las condiciones que vuelven ejecutable esa promesa?
El presupuesto revela parte de esa tensión. Mientras la economía global redefine sus cadenas de suministro alrededor de minerales críticos, energía confiable y manufactura avanzada, la propuesta reduce en 44.5 por ciento, en términos reales, la partida federal destinada a promoción, regulación e información geológica para la actividad extractiva.
No es el presupuesto total de la minería, pero tampoco es una cifra irrelevante. Es la capacidad institucional para conocer el subsuelo, ordenar información, regular actividades y reducir incertidumbre antes de que llegue la inversión.
Es difícil construir una política industrial sofisticada si se debilitan los instrumentos que permiten entender los recursos sobre los que esa política pretende apoyarse.
La minería no es un asunto ajeno a las empresas que no extraen minerales. El cobre, el litio, el níquel y las tierras raras son parte de la infraestructura material de la electrificación, la digitalización, los centros de datos, la movilidad y la manufactura avanzada.
El país que aspire a capturar mayor valor en esas cadenas no puede tratar el conocimiento geológico, la regulación ambiental y la conversación territorial como asuntos secundarios.
La nueva regulación sobre residuos mineros eleva aún más esa exigencia. Las empresas titulares de concesiones enfrentan una responsabilidad permanente e intransferible sobre los residuos que generan. Esto es correcto.
La competitividad industrial no puede construirse trasladando costos ambientales a las comunidades o a las siguientes generaciones.
Pero una regulación más exigente sólo produce valor si viene acompañada de capacidades para cumplirla, supervisarla y explicarla. De otro modo, la norma se convierte en incertidumbre, y la incertidumbre en inversión que se pospone, se encarece o cambia de destino.
No sirve presentar una inversión como símbolo de progreso si los proveedores no conocen las reglas que deberán cumplir, si las autoridades locales no cuentan con información para acompañarla o si las comunidades sólo se enteran cuando las máquinas llegan al territorio.
El vacío de información no permanece vacío. Se llena de sospecha, resistencia y conflicto.
El reto del Plan México no es demostrar que tiene ambición. Esa ambición ya está declarada. El reto es traducirla en una arquitectura de coordinación entre presupuesto, regulación, infraestructura, empresas y comunidades.
En The Aviator, Howard Hughes entendía que un avión no era sólo una idea brillante ni una proeza de diseño. Era un sistema entero que debía funcionar al mismo tiempo. La falla de una pieza podía comprometer todo el vuelo.
México enfrenta una prueba parecida. La promesa industrial puede ser una oportunidad histórica, pero no despegará con incentivos aislados ni con discursos bien intencionados.
Despegará cuando las condiciones invisibles, la información, la energía, la regulación, la coordinación y la confianza estén listas para sostener el peso de la ambición.