Hay un número que resume mejor que cualquier discurso la posición de México dentro del T-MEC: 48. Son las quejas laborales presentadas contra empresas en territorio mexicano desde 2021, cuando entró en vigor el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, la herramienta que Estados Unidos y Canadá usan para exigir que se respeten los derechos de los trabajadores mexicanos. En ese mismo periodo, contra Estados Unidos o Canadá no se ha presentado ni una sola.
A primera vista, la cifra invita a pensar que México simplemente incumple más que sus socios, pero la realidad es más matizada: el mecanismo se diseñó con distintos umbrales procedimentales para cada país. Contra México basta una denuncia para poner en marcha el mecanismo, y es el gobierno mexicano quien tiene que probar que no hubo violación de derechos. Contra Estados Unidos o Canadá, primero tendría que haber una resolución de sus propias autoridades laborales, algo que en la práctica nunca ha ocurrido. Es decir: México puede ser señalado con mucha más facilidad que sus dos socios comerciales.
Esa diferencia no fue un error de diseño. Cuando se negoció el tratado, México competía con salarios mucho más bajos y una larga tradición de sindicatos que protegían más a las empresas que a los trabajadores. El mecanismo buscaba corregir esa desventaja. El problema es que, cinco años después, esa realidad ya cambió bastante: el salario mínimo casi se triplicó en términos reales, se crearon tribunales laborales especializados y centros de conciliación, y ahora los contratos colectivos deben legitimarse mediante el voto libre y secreto de los trabajadores, entre otras reformas relevantes.
La revisión del T-MEC, que recientemente arrancó en la Ciudad de México, llega justo cuando el contraste entre esos cambios y la efectividad de su implementación es más visible. Un grupo de senadores estadounidenses ya advirtió que las reformas mexicanas no bastan si no se traducen en resultados concretos para los trabajadores. Y no es casualidad que el sector automotriz, con nombres como General Motors, Volkswagen de México, Goodyear, Pirelli o Grupo México, concentre la mayoría de las quejas: es también el sector en el que el tratado ya castiga directamente los salarios bajos, al exigir que buena parte del valor de cada vehículo se produzca con trabajadores que ganan al menos 16 dólares la hora.
Todo esto abre una posibilidad real: que la próxima etapa de la negociación no se limite a vigilar los derechos laborales, sino que empiece a exigir de forma más directa que los salarios en ciertas industrias se acerquen a los de Estados Unidos. Todavía no hay una propuesta formal sobre la mesa, pero la conversación ya va en esa dirección.
Para México, el reto ya no es solo demostrar que hizo la tarea legislativa –eso, en gran medida, ya se realizó–, sino demostrar que dichas reformas han generado cambios positivos tangibles y, de esta manera, estar en condiciones de exigir que este mecanismo trate por igual a los tres países.
Para las empresas con operaciones o proveedores ligados a la exportación hacia Norteamérica, el mensaje es más inmediato: conviene revisar a tiempo qué tan expuestas están a una queja bajo este mecanismo, asegurarse de que sus procesos sindicales estén bien documentados, confirmar que cumplen con los requisitos salariales que exige el sector automotriz y tener listo un plan de acción rápido en caso de que llegue una denuncia, en lugar de improvisar uno cuando el caso ya haya escalado.
La revisión en curso probablemente no cambiará de la noche a la mañana ni las reglas del tratado ni los salarios en México. Sin embargo, la tendencia observada hasta ahora en la aplicación del mecanismo sugiere que el proceso de revisión se centrará no solo en el historial de cumplimiento de México, sino también en determinar si el diseño procesal del mecanismo sigue reflejando las condiciones económicas actuales de los tres países. Las empresas que entiendan ese cambio antes que sus competidores llegarán con ventaja a lo que sigue.
