El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha convertido a México en el principal exportador hacia Estados Unidos. Somos su proveedor más importante. Si bien el acuerdo ha propiciado un importante crecimiento económico en el norte, noroeste y centro del país, también nos ha convertido en un país maquilador que olvidó fomentar el crecimiento de la industria nacional, el fortalecimiento del sector agropecuario y del mercado interno.
Han sido las industrias y los empresarios extranjeros —más del 80 % de origen estadounidense— quienes más se han beneficiado, aprovechando la mano de obra barata y la cercanía geográfica. Por otro lado, somos importadores netos de productos básicos como maíz, soya y leche, entre otros.
Privatizamos las empresas paraestatales y las vendimos a extranjeros. La industria siderúrgica, la automotriz, las empresas de servicios y los bancos, entre otras, hoy son propiedad de capital extranjero. No reservamos algunas ramas estratégicas para impulsar nuestro propio desarrollo.
Trump ha iniciado una política proteccionista en favor de su país. Ha dado un vuelco drástico al comercio internacional. Los aranceles han sido su principal instrumento de amedrentamiento y negociación. Le valieron un comino las reglas del T-MEC y aplicó aranceles que lesionan nuestra economía. Ahora, nuestras fortalezas exportadoras son nuestra principal debilidad.
Hoy somos comercialmente dependientes del vecino del norte y rehenes de los caprichos del presidente Trump. No fuimos capaces de preservar empresas nacionales modernas y competitivas. Tampoco se celebraron convenios de transferencia tecnológica. La política de sustitución de importaciones fue desechada de manera drástica. Se liquidó a rajatabla.
Trump fue claro desde un principio. No engañó a nadie. Siempre manifestó su preocupación por el déficit comercial de Estados Unidos con México y anunció que lo corregiría. También afirmó que el T-MEC era el peor tratado para su país. Ahora, su gobierno impone la necesidad de una revisión anual que, en la práctica, se convierte en un esquema de negociación bilateral con México y otro con Canadá. Esto va en contra de la concepción original del Tratado, genera incertidumbre y establece un mecanismo permanente de presión política sobre el gobierno mexicano. El narcotráfico, los narcopolíticos y la falta de legitimidad del Poder Judicial, entre otros temas, formarán parte de esa agenda.
La revisión anual del Tratado constituye un guiño tranquilizador para los empresarios estadounidenses establecidos en México y una medida de apaciguamiento, pues anunciar la cancelación del T-MEC le acarrearía conflictos al propio gobierno de Estados Unidos.
La revisión anual hace nugatorio el estímulo a la inversión y vulnera la confianza de los inversionistas. Las grandes inversiones requieren tiempo —años, incluso— para madurar, así como seguridad jurídica y reglas claras del juego. Sin inversión no hay empleo ni ingresos para la población.
Llegó la hora de la verdad. El gobierno, como lo ha señalado Marcelo Ebrard, debe orientar y establecer una política de fomento industrial indispensable para el país. No debe paralizarse; por el contrario, debe impulsar iniciativas para la búsqueda de nuevos mercados y la diversificación de las inversiones.
A Trump, ya lo dijimos, hay que tomarlo en serio. Lo que dice, lo hace. Hay ejemplos concretos y vendrán más.
