Los Precriterios Generales de Política Económica para 2027, publicados la semana pasada por la Secretaría de Hacienda, pertenecen a la categoría de documentos que se leen por lo que revelan sin decirlo. En la superficie, el mensaje es de continuidad: las metas fiscales de 2026 se preservan, el ajuste avanza y la trayectoria de consolidación se mantiene. Pero debajo de esa narrativa ordenada convive una tensión que el documento no resuelve: el déficit baja, pero la deuda sube. Y el mecanismo que hace posible esa combinación tiene un costo que no aparece en las cifras del balance, sino en el crecimiento del país.
Empecemos por la paradoja. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia de déficit, pasan de 4.9% del PIB en 2025 a 3.5% en 2027. Eso es consolidación real. Pero el saldo histórico de los RFSP —la métrica más amplia de deuda— sube de 53.2% del PIB en 2025 a 55.0% en 2027. La explicación técnica involucra la revisión metodológica del PIB y operaciones fuera del balance. Pero el mensaje de fondo es más incómodo: la consolidación fiscal mexicana no está generando espacio; está redistribuyendo la presión.
¿Cómo se financia ese ajuste? Aquí es donde el documento se vuelve más revelador. El recorte de gasto programable para 2027 asciende a 259.5 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado de 2026. El reto está en cómo distribuir su composición. Pensiones, servicios personales y programas sociales están blindados, pero con trayectoria alcista. Eso deja a la inversión física como la única variable con margen realista de ajuste. No por diseño explícito, sino por exclusión.
Una historia similar ocurrió en 2025. Con cifras de la Secretaría de Hacienda, la inversión física del sector público se contrajo 28.4%. La formación bruta de capital fijo del sector público cayó 17%, restando 0.7 puntos porcentuales a un PIB que apenas creció 0.6%. La consolidación fiscal más grande desde 1990, como el propio documento la califica, se financió, en buena medida, recortando inversión. El cinturón se apretó, pero no de forma pareja: el ajuste recayó desproporcionadamente sobre el gasto que más importa para el crecimiento de largo plazo.
Para 2026, los Precriterios anticipan un rebote: la inversión pública podría crecer hasta 20%. Es una señal positiva, pero frágil. Ese crecimiento descansa sobre supuestos que el propio documento reconoce como inciertos: un precio del petróleo de 77.3 dólares por barril bajo el supuesto explícito de que el conflicto en Medio Oriente no se extiende más de dos meses, y un rango de crecimiento del PIB de entre 1.8% y 2.8% que el consenso privado ubica por debajo (0.8% a 1.8%). Cada punto porcentual de crecimiento que no se materializa implica reducir en 58.8 mil millones de pesos la recaudación, según las sensibilidades de Hacienda.
Pero el verdadero momento no es 2026, sino 2027. Usando dos métodos de estimación (distribuir el recorte de gasto programable de forma proporcional entre sus componentes, o mantener fijos los rubros de operación y concentrar el ajuste en inversión física), la caída de la inversión pública para 2027 respecto a 2026 promediaría alrededor de 25% real anual. Eso implicaría una contracción acumulada de la inversión pública de aproximadamente 10% entre 2025 y 2027. Tres años consecutivos en los que el principal instrumento de formación de capital del sector público opera sistemáticamente a la baja.
La paradoja se vuelve entonces más aguda. El gobierno anunció un Plan de Inversión en Infraestructura de 325 mil millones de dólares a cinco años. Pero su propio marco fiscal para 2027 sugiere que el ajuste podría recaer sobre la inversión. Son dos narrativas que conviven en tensión directa.
El riesgo no es solo aritmético, sino estructural. Inversión pública comprimida hoy implica menor capacidad productiva mañana. Menor capacidad productiva se traduce en crecimiento más débil. Crecimiento más débil genera menos recaudación. Y menos recaudación alimenta más presión fiscal. Es un círculo que no aparece en ninguna tabla del documento, pero que está implícito en su arquitectura.
Esto no es un argumento contra la consolidación. La disciplina fiscal mexicana ha sido, y sigue siendo, un ancla macroeconómica que no debe subestimarse. Pero la forma en que se consolida importa tanto como el resultado numérico. Un déficit que baja porque se comprime la inversión no es lo mismo que un déficit que baja porque crece la base tributaria o mejora la eficiencia del gasto. El primero produce una fotografía ordenada. El segundo puede contribuir a construir una economía más sólida.
Los Precriterios 2027 ofrecen una fotografía razonablemente ordenada. Lo que no resuelven, y lo que el debate público todavía no está procesando con suficiente claridad, es si detrás de esa imagen hay una economía que se fortalece o una que pospone sus tensiones estructurales hacia adelante. Esa pregunta, más que cualquier cifra del documento, es la que vale la pena seguir de cerca en los próximos meses.
