Hace seis años, a finales de marzo de 2020, las autoridades mexicanas emitieron la declaratoria de emergencia por el virus del COVID-19. El virus desde entonces lo cambió todo. También cambió, sin que nadie lo advirtiera del todo, la forma en que funciona y se financia nuestro sistema de salud. Y lo que aprendimos de aquella experiencia -o más bien, lo que decidimos no aprender- está a punto de importar mucho más de lo que parece.
Durante la pandemia, el IMSS atendió a personas que no eran sus derechohabientes. Lo hizo por mandato ético y por un acuerdo firmado en mayo de 2020 por la Dirección del IMSS y el Secretario General de su Sindicato. Lo que hizo el IMSS estuvo bien. Abrir las puertas a quien tocaba pidiendo ayuda, sin preguntarle si tenía credencial, fue un acto de humanidad institucional que salvó a miles de mexicanas y mexicanos. Ninguna vida tiene precio y ningún costo justifica negarle atención a quien está en una situación de salud grave que puede terminar con su vida. Eso no está a discusión.
Lo que sí merece analizarse es por qué, una vez pasada la emergencia, el Estado nunca compensó al Instituto los recursos económicos que erogó en la atención médica de los no derechohabientes. Porque quienes financiaron esa solidaridad con sus cuotas también son madres, padres y trabajadores que dependen del IMSS para cuidar su propia salud.
El comunicado oficial del IMSS de abril de 2025 habla de 353 mil personas sin seguridad social atendidas durante la pandemia. Pero documentos internos de la institución cuentan otra historia. Los registros capturados hablan de alrededor de 236 mil registros validados por las áreas médicas y financieras del Instituto para proceder a la recuperación de los costos erogados. Sí, seis años después de iniciada la pandemia, lo que habla de una debilidad de los sistemas de captura.
El dato que debería quitarle el sueño a más de uno es: ¿Qué pasó con ese cobro? Aquí la historia se pone incómoda. El acuerdo de 2020 prometía que el IMSS solicitaría la “compensación de los gastos erogados.” El pago nunca llegó. Ni del INSABI, ni de Hacienda, ni del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
Los informes financieros del propio IMSS confirman que el gasto se cubrió “con cargo al presupuesto autorizado, mediante la reorientación de recursos.” Traducción: las cuotas de trabajadores y patrones pagaron la cuenta de quienes no tenían seguro. Esto es en el fondo, una transferencia silenciosa de deuda hacia el sector formal del empleo, erosionando la reserva financiera que debería garantizar la salud de quienes sí aportan al sistema.
¿Y a cuánto asciende el monto no recuperado? No existe un documento público oficial del IMSS que reporte la cifra exacta desglosada. Sin embargo, estimaciones basadas en los costos unitarios del propio IMSS y los volúmenes de atención documentados, así como registros internos oficiales de la propia institución sitúan la deuda entre tres mil y cinco mil millones de pesos.
Hasta el momento no hay evidencia pública de que el gobierno federal haya reembolsado formalmente al IMSS el costo específico de atender a estos pacientes. Para dimensionar la cifra, lo no cobrado equivale al aumento presupuestal que este año recibieron, juntos, los catorce institutos nacionales de salud del país. Todo eso, en una factura que nadie ha pagado.
Ahora viene lo que importa hoy. El 2 de abril arranca la credencialización del Servicio Universal de Salud. La promesa: cualquier mexicano podrá atenderse en IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, y una “caja de compensación” equilibrará las cuentas entre instituciones. Si un derechohabiente del ISSSTE se atiende en el IMSS, este último le cobrará el costo del servicio y viceversa.
¿Suena familiar? Es lo que ocurrió durante la pandemia. La atención a no derechohabientes por COVID fue, sin que nadie lo planeara, el ensayo, o bien, el piloto de la portabilidad de servicios de salud en México. Y los resultados son elocuentes: registros incompletos, validación que toma años, cobro que no se concreta y el IMSS cargando con la factura.
Un sistema donde cualquier persona reciba atención médica sin barreras burocráticas es un objetivo correcto y necesario. El problema está en la ingeniería financiera detrás. Sin tarifas homologadas, sin sistemas informáticos compatibles entre instituciones, sin plazos reales de conciliación y, sobre todo, sin una fuente de financiamiento explícita para quienes no cotizan en ningún sistema, la caja de compensación corre el riesgo de convertirse en una caja de deudas acumuladas tal y como ocurrió en la pandemia.
Antes de activar flujos financieros entre instituciones, el gobierno puede hacer algo que no hizo con la pandemia: evaluar. Publicar el balance completo de la experiencia COVID en el IMSS. Decir cuánto costó, cuánto se recuperó y cuánto se perdió. Y diseñar con esos datos un mecanismo financiero que realmente funcione para el “Sistema Universal de salud”. Porque la prueba piloto ya se hizo. Solo falta que alguien la revise.
