Profesora-Investigadora, Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana
Las reservas de agua históricamente bajas, la ineficiencia en el uso del recurso, la infraestructura insuficiente de saneamiento y depuración y las cuencas hídricas contaminadas son evidencias de un sistema hídrico que falla. Un sistema insostenible y con gran riesgo.
Durante mucho tiempo, el discurso público ha intentado reducir la complejidad hídrica a una cuestión meteorológica o de escasez natural, cada vez más refutable al considerar los efectos del cambio climático. Sin embargo, la realidad es mucho más incómoda: tenemos fallas estructurales. A continuación, se describen estas fallas que se reconocen por tener diversos enfoques operativos, de gestión y transversales.
Falla 1. Estrés hídrico y volatilidad climática. En mayo de 2024 se vivió la peor sequía de los últimos 10 años en casi el 90% del territorio nacional, según datos del Monitor de sequía de CONAGUA. Por otro lado, el grado de presión hídrica se ha incrementado y la disponibilidad de agua bajó de 10,000 m3 a 3,200 m3 en 65 años, según Estadísticas del Agua en México de CONAGUA y SEMARNAT. La volatilidad climática se aprecia en la sequía y las lluvias intensas (La neurosis de Tláloc), y el cambio climático no es un factor externo sino parte central del problema: las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas aceleran la inestabilidad.
Falla 2. Infraestructura ineficiente. Según estimaciones del Sistema de Información del Agua (SINA) de CONAGUA, las fugas de la red de distribución de aguas nacionales son de más del 40%. De acuerdo39 con estudios de la UNAM, las pérdidas son de más del 45%. La ineficiencia es muy costosa. Como ejemplo, 5 pesos de los 10 pesos por m3 que se gastan en el bombeo del Cutzamala, no se aprovechan, se desperdician (estimación calculada con información tanto de CONAGUA como del IMCO). Como referente, el promedio mundial para costos de bombeo es de alrededor de 2 pesos por m3 y aunque la topografía del país ayuda a entender el elevado costo, no justifica las pérdidas.
Falla 3. Uso ineficiente. CONAGUA reporta que el 76% del agua concesionada nacional se dedica a la agricultura. Si el 60% del riego del campo en México se realiza por inundación y esta práctica es altamente ineficiente, en México desperdiciamos agua subsidiada. Aunque fundamental para la seguridad alimentaria del país, en el sistema agro, se distorsiona el incentivo y se perpetúa una baja tecnificación.
Falla 4. Baja capacidad de tratamiento y reúso. Sólo se trata el 47% de las aguas residuales municipales recolectadas en el país; la fuente es nuevamente CONAGUA. La infraestructura es limitada e incluso no tiene la capacidad de separar las redes de distribución. Es común la práctica de depurar sólo un porcentaje del agua residual, de acuerdo a la capacidad instalada y después, verter el agua depurada en el efluente no tratado y utilizar esta agua en el campo. Esto ocurre porque no existen canales diferenciados y tenemos baja capacidad de depuración. Al final, el agua sigue contaminada y se usa para riego y muchas veces comemos esos contaminantes.
Falla 5. Gobernanza fragmentada. El agua en México se gestiona en los niveles municipales, estatales y federales del gobierno y la coordinación de la comunicación entre ellos dista de ser efectiva. La federación controla el agua, otorga concesiones, los estados deberían coordinar eficazmente y los municipios deberían operar, sin embargo, se pierde eficiencia en cada etapa y no hay alineación entre niveles. El IMCO señala que existen más de 2,500 organismos municipales; la mayoría operando en números rojos y sin autonomía financiera, así, la fragmentación impide decisiones integrales. Por otro lado, el marco legal es obsoleto, la extensión territorial complica la gestión y tenemos agua en el sur sin infraestructura y escasez en el norte.
Falla 6. Financiera. Es un mito que el agua sea barata, en realidad, está subvalorada. El porcentaje de agua facturada que realmente se cobra es del 73% en promedio, ingresos que apenas cubren los costos operativos y no dejan margen para inversión en infraestructura, según datos del BID. El subsidio gubernamental es muy elevado, y aunque pretende respetar el derecho al agua (Art. 4 constitucional), el costo real debería incluir extracción, potabilización, distribución, saneamiento, etc. Respecto al costo promedio nacional, el costo real es de 3.5 veces mayor. Así, el sistema es insolvente y falto de capacidad para responder ante la creciente demanda de agua de calidad.
Falla 7. Legal. Según la Auditoría Superior de la Federación, la capacidad de inspección de CONAGUA es de menos del 2% del total de las concesiones otorgadas en el país. El sistema de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales está rebasado y no cuenta con la capacidad de medir ni vigilar el agua extraída de los acuíferos. Además, la transferencia y venta de derechos de agua entre particulares ocurre sin un correcto seguimiento, lo que ha permitido la concentración del agua en pocas manos. El marco jurídico protege los derechos de extracción por encima de la viabilidad física del recurso.
Falla 8. Social. Vivimos una injusticia hídrica. México está entre los mayores consumidores de agua embotellada del mundo, con más de 270 litros per cápita al año, según estudios de la UNAM. INEGI reporta que las comunidades pobres, sin conexión a la red pública, pueden destinar hasta el 10% de sus ingresos a comprar pipas de agua. La falta de agua impulsa mercados informales donde la calidad no está garantizada, convierte el agua en un factor de vulnerabilidad en salud, saneamiento y calidad de vida.
El escenario hídrico del país no responde a una sola causa, sino a la acumulación de múltiples fallas estructurales: estrés, ineficiencia, falta de infraestructura, asimetría, finanzas, acaparamiento, falta de inspección e injusticia. En el marco del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, la conclusión es clara: nuestro sistema está en riesgo y muy lejos de ser a prueba de fallas.