Hay decisiones de política monetaria que se toman con los datos en la mano. Y hay otras que se toman con el calendario encima. La del próximo 26 de marzo, para el Banco de México, pertenece más a la segunda categoría.
Desde hace semanas, el guion parecía claro. La inflación había seguido una trayectoria descendente —con matices, sí, pero convergiendo a su comportamiento histórico— y la propia Junta de Gobierno había dejado una señal explícita en su comunicación de febrero: el siguiente movimiento probablemente sería un recorte. No era una promesa formal, pero en el lenguaje de la banca central, pocas cosas se parecen tanto a un compromiso como una guía prospectiva bien calibrada.
Y entonces apareció Medio Oriente. No como un choque plenamente materializado en las cifras, sino como un recordatorio incómodo de que la economía global sigue siendo vulnerable a eventos que no respetan calendarios de política monetaria. El repunte en los precios del petróleo, la incertidumbre sobre cadenas de suministro y el riesgo de efectos indirectos en alimentos y costos energéticos introducen un nuevo elemento en la discusión. No uno dominante —al menos no todavía en cifras de inflación y actividad en México—, pero sí lo suficientemente relevante como para incomodar la decisión.
Ahí es donde empieza el dilema. Por un lado, el caso para recortar sigue en pie. La economía mexicana muestra señales de desaceleración, el ciclo restrictivo fue prolongado y la inflación general, aunque persistente, no ha dado sorpresas al alza que justifiquen extender la pausa de febrero. Además, parte importante de las presiones inflacionarias recientes provienen de precios volátiles —energía, alimentos— sobre los cuales la política monetaria tiene poco control.
Por el otro, el entorno ha cambiado lo suficiente como para justificar cautela. El conflicto en Medio Oriente no ha tenido aún un impacto pleno en los datos, pero sí ha alterado el balance de riesgos. La electricidad —con costos ligados al gas natural, el diésel y el combustóleo— puede convertirse en un canal de transmisión más amplio de lo que sugieren los indicadores actuales. Lo mismo ocurre con los alimentos, donde los fertilizantes y los costos energéticos empiezan a perfilarse como fuentes de presión hacia delante. Así como los efectos indirectos sobre algunos servicios, especialmente el transporte aéreo.
El matiz importante es este: esos choques todavía no están en los datos. Están en el horizonte. Y en política monetaria, la diferencia entre reaccionar a lo que ya ocurrió y anticipar lo que podría ocurrir no es trivial. México, además, tiene una peculiaridad adicional. Parte del choque energético se amortigua. En combustibles, mediante estímulos al IEPS que reducen el impacto inmediato en los precios al consumidor. En electricidad, a través de subsidios explícitos en tarifas residenciales y agrícolas. Pero esa contención tiene un costo: no elimina la presión, la redistribuye. La inflación observable puede lucir más contenida, mientras los costos subyacentes siguen ajustándose debajo de la superficie. Es, en otras palabras, una inflación que aún se esconde.
Ahí es donde el paralelismo con la Reserva Federal resulta útil. En su comunicación más reciente, la Fed reconoce el conflicto como una fuente de incertidumbre, pero no ajusta su postura de manera inmediata. Lo trata como un riesgo de doble vía sobre sus dos mandatos: inflacionario por el lado de la energía, contractivo por el lado del crecimiento. Banxico enfrenta el mismo choque, pero con un mandato único y en un contexto donde la inflación es más sensible a alimentos y energía, y en el que los mecanismos fiscales alteran la lectura de corto plazo. La diferencia no es menor.
En ese contexto, la decisión de marzo no es solo sobre inflación. Es sobre consistencia temporal. La guía prospectiva emitida en febrero no fue un enunciado casual. Fue una señal deliberada, construida para alinear expectativas y ordenar la trayectoria de la política monetaria. Romper esa señal apenas unas semanas después —sin que los datos hayan cambiado de forma material— implicaría alterar esa consistencia y reintroducir incertidumbre en el proceso.
Por eso, más que un dilema clásico entre recortar o pausar, lo que enfrenta Banxico es una tensión entre dos tiempos: el de los datos actuales y el de los riesgos futuros. Recortar en marzo sería consistente con lo primero. Pausar sería una respuesta a lo segundo. Pero parece que las inercias importan. Y en política monetaria, las decisiones recientes forman parte de una trayectoria. La trayectoria de Banxico, hasta ahora, ha sido clara: prudente, comunicada y gradual. Cambiarla requiere más que un riesgo emergente; requiere evidencia. Y esa evidencia, al menos hoy, todavía no está en los datos.
Quizás por eso la mejor forma de entender la decisión de este mes no es como una reacción a la tormenta, sino como una decisión tomada antes de que llegue. Con la información disponible, con la trayectoria en juego y con la conciencia de que, en unas semanas, el panorama podría ser distinto. La Junta tendrá que ponderar los riesgos frente a lo que viene, elegir si reacciona o no de forma preventiva: ahí está el dilema.
