El inicio de cada año representa un momento estratégico para la mayoría de las organizaciones. Suele marcar el arranque de la ejecución de estrategias y la identificación de los primeros ajustes presupuestales, derivados del contacto inicial con los factores externos que permiten visualizar cómo podría desarrollarse el nuevo periodo.
Si bien estas actividades forman parte del business as usual, también generan presiones internas que pueden incrementar el riesgo de delitos financieros, particularmente el fraude interno.
En este sentido, el fraude interno es entendido como una acción malintencionada realizada por personas dentro de la empresa, cuyo objetivo es obtener un beneficio personal mediante el uso inapropiado de activos o recursos institucionales.
En el contexto actual, caracterizado por inflación, volatilidad económica global, digitalización acelerada, nuevas dinámicas laborales y esquemas de trabajo híbridos, este tipo de delitos se consolida como una de las amenazas más relevantes para la sostenibilidad de las compañías.
De acuerdo con el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026 de KPMG, 47% de las organizaciones consideran que los objetivos más importantes de la gestión de riesgos son brindar certidumbre a las partes interesadas (stakeholders), así como crear valor y apoyar los objetivos estratégicos. A su vez, 45% señala que su principal prioridad es proteger los activos y asegurar la continuidad del negocio.
Para alcanzar estos objetivos, es indispensable contar con programas adecuados de prevención, detección y respuesta ante delitos financieros, con especial énfasis en el fraude interno. A diferencia de los delitos cometidos por agentes externos, el fraude perpetrado dentro de la compañía puede pasar inadvertido durante largos periodos, generando impactos financieros, reputacionales y legales significativos.
Datos del estudio Impacto de los delitos financieros en México, publicado por KPMG en 2024, revelan que 4.5 de cada diez organizaciones sufrieron el intento o la materialización de un fraude, y que 32% de los casos identificados correspondieron a fraude interno.
Entre las modalidades de mayor incidencia destacan el conflicto de interés (55%), la malversación de efectivo (35%), la malversación de activos (32%) y las compras para uso personal (29%).
Ante este panorama, identificar señales de alerta temprana y fortalecer los mecanismos de prevención resulta clave para anticipar riesgos y disuadir conductas no deseadas. Si bien cada empresa enfrenta realidades particulares, existen señales comunes que, cuando aparecen de manera recurrente, deben activar mecanismos de respuesta:
• Cambios en el comportamiento financiero o laboral: personas que evitan tomar vacaciones, se resisten a delegar funciones clave, muestran estilos de vida inconsistentes con sus ingresos o reaccionan de manera defensiva ante revisiones.
• Concentración excesiva de funciones: colaboradores que controlan varias etapas críticas de un proceso sin contrapesos efectivos y con poca o nula supervisión.
• Excepciones constantes a los controles: personas que sistemáticamente omiten controles internos por supuestas urgencias operativas o toman decisiones discrecionales sin documentación.
• Débil cultura de denuncia: volumen mínimo de reportes debido a desconfianza en los canales de ética o a una percepción de impunidad.
El inicio del año es un momento ideal para replantear prioridades y anticipar amenazas. Las compañías que integran controles preventivos frente al fraude interno y otros delitos financieros deben centrar sus esfuerzos en su principal activo: el talento. Fortalecer esta primera línea de defensa contribuye a mejorar la reputación, credibilidad y capacidad de crecimiento sostenible.
Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.
