La violencia de género y la crisis del cuidado no son dos problemas. Son la misma estructura vista desde dos ángulos. Y tienen una factura económica que México sigue sin calcular.
En México, el sistema de cuidados ha adquirido relevancia en la agenda pública en los últimos años. Se discute en el Congreso, aparece en planes de gobierno y forma parte del debate sobre bienestar y justicia social. Sin embargo, rara vez se vincula esta discusión con el costo económico de la violencia en razón de género, a pesar de que ambos fenómenos están profundamente entrelazados.
La violencia contra las mujeres no solo deja daño físico y emocional. También produce pérdidas económicas medibles: horas laborales perdidas, ausentismo, gastos médicos, atención psicológica, procesos legales, cambios de domicilio, pérdida de empleos y disminución de ingresos. Es un impuesto estructural que recae sobre las mujeres y que termina distorsionando a toda la economía.
La ENDIREH 2021 señala que 7 de cada 10 mujeres de 15 años en adelante en México ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No estamos hablando de casos aislados, sino de una experiencia extendida que tiene efectos acumulativos en la autonomía y en la capacidad de generar ingresos.
A eso se suma otra carga estructural: el trabajo del hogar y de cuidados. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI, su valor económico equivale a alrededor del 24% del PIB nacional. Una parte sustantiva de esta economía descansa sobre el trabajo no remunerado de las mujeres.
Cuando una mujer vive violencia, esa carga se vuelve insostenible, su capacidad productiva se ve aún más limitada. Puede faltar al trabajo por lesiones o trámites. Puede perder oportunidades de ascenso. Puede renunciar para proteger a sus hijas e hijos. Puede incluso aceptar empleos más precarios para compatibilizar el cuidado y la supervivencia.
La violencia reduce ingresos. El cuidado no remunerado reduce el tiempo disponible. Juntos, destruyen la autonomía económica.
No se trata de decisiones individuales ni de elecciones personales. Es una estructura que normaliza que las mujeres sostengan la vida sin respaldo institucional y absorban los costos de una violencia que es social, histórica y estructural.
La ausencia de un sistema nacional de cuidados robusto profundiza esta desigualdad. Sin infraestructura pública suficiente, el tiempo de las mujeres se convierte en la variable de ajuste, que mantiene funcionando, silenciosamente, a toda la economía.
Invertir en prevención de la violencia y en un sistema integral de cuidados no es una política asistencial: es una estrategia económica. Integrar a los refugios especializados para mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, junto con sus centros externos de atención, casas de emergencia y casas de transición, como parte del sistema nacional de cuidados es una decisión estratégica. No solo protege la vida y restituye derechos; también crea condiciones para que las mujeres recuperen autonomía económica y puedan reincorporarse plenamente al desarrollo productivo del país.
Y este análisis ni siquiera incluye el impacto del feminicidio: la pérdida irreparable de vidas, el potencial truncado y el efecto económico en hijas, hijos y personas dependientes.
Mientras la economía descanse en el trabajo invisibilizado y en el desgaste silencioso de millones de mujeres, seguiremos pagando un impuesto que nadie autorizó, que nadie contabiliza y que sigue reproduciendo la desigualdad.
Hablar de ello es el primer paso para redistribuir el cuidado y desmontar la violencia no es agenda de género, es condición de desarrollo.
