Ganar terreno en la política, el mundo corporativo y la academia ha sido un paso fundamental para las mujeres, pero no suficiente. Estos avances no son concesiones, se trata del resultado de décadas de trabajo constante, de esfuerzo doble o triple, y de la decisión colectiva de derribar barreras estructurales profundamente arraigadas. El 8 de marzo no es solo una fecha de conmemoración, también es un llamado a la acción para que las mujeres organizadas sigamos impulsando agendas de equidad desde todos los espacios de incidencia pública.
Los derechos y oportunidades de los que hoy gozamos son fruto de las luchas de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, quienes —desde sus trincheras— notaron que la participación en la vida pública era clave para transformar la realidad. Gracias a su intervención en el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad y la vida pública se lograron políticas, marcos legales y decisiones que ampliaron la presencia femenina en los espacios de poder. Hoy, esa responsabilidad recae en nosotras que participamos e incidimos en el diseño de soluciones que respondan a los desafíos sociales, económicos y políticos de la actualidad. Porque cuando nuestras voces se unen desde la incidencia responsable, son voces que transforman políticas públicas, decisiones y entornos.
Aunque cada vez son más las mujeres que desarrollan propuestas en asuntos públicos para construir sinergias entre empresas, gobiernos y sociedad en México, frecuentemente se invisibiliza su trabajo. Desde esta profesión se articulan iniciativas que alinean recursos privados con objetivos públicos, generando impactos positivos en sectores estratégicos como la atención a poblaciones vulnerables, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y el desarrollo territorial.
Si bien el trabajo que se realiza desde los asuntos públicos tiene un alcance real y medible en la vida de las personas, las profesionales del sector se enfrentan a los mismos retos que combaten en favor de una sociedad más justa y equitativa.
De acuerdo con la primera encuesta Visión y Prioridades de las Mujeres en Asuntos Públicos de la AMAAPP, los avances en equidad de género entre las profesionales del sector han sido limitados o insuficientes durante los últimos cinco años. El estudio, que se realizó en el primer trimestre de 2025 entre las asociadas de la AMAAPP, indica que los tres aspectos que limitan el desarrollo de las mujeres en puestos de liderazgo en los asuntos públicos son la brecha salarial, estereotipos de género y la falta de representación femenina en altos cargos.
En promedio, el salario de las mujeres en México es 34% menor al de los hombres desempeñando los mismos puestos y funciones, de acuerdo con datos de ONU Mujeres. Sin embargo, en el país las mujeres son 51 % de la población y aún no hay condiciones equitativas laborales ni sociales que ayuden a su desarrollo profesional. Las especialistas de los asuntos públicos detectan este tipo de desigualdades y trabajan para cerrar las brechas que impiden la participación plena de las mujeres en la vida laboral, social y democrática del país.
La brecha salarial es sólo un ejemplo de las desigualdades estructurales que enfrentamos todos los días para realizar las labores de los asuntos públicos en México. No obstante, hay un aspecto que puede contribuir firmemente a lograr la equidad por la que tanto se ha trabajado durante generaciones, se trata de la paridad parlamentaria.
Estamos en un momento en el que el Congreso se compone por 50% de mujeres. Ellas tienen a su alcance la creación de iniciativas, reformas y los ajustes necesarios para equilibrar la vida de sus congéneres en el país. En este sentido, la cooperación entre legisladoras y profesionales de los asuntos públicos puede tener unos años de bonanza en la creación de compromisos y rutas para lograr mayor equidad en todos los ámbitos sociales.
Las mujeres en asuntos públicos aportamos experiencia, sensibilidad social y una comprensión profunda de las desigualdades que persisten. Esa mirada permite construir acuerdos que colocan a las personas en el centro y amplían los beneficios de la colaboración entre empresas y gobiernos. Nos encontramos en un momento clave para lograr que las decisiones públicas se construyan con perspectiva de género, para garantizar oportunidades, equidad y mejores condiciones de vida para toda la sociedad.
Por ello, el 8M es también una oportunidad para visibilizar, fortalecer y reconocer el talento femenino que hoy impulsa las decisiones que marcarán el futuro. La justicia social y la plena participación en la vida pública sólo son posibles cuando las mujeres inciden, lideran y transforman en igualdad de condiciones.
