Este marzo se cumplen 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, la obra que sentó las bases del pensamiento económico moderno. Durante generaciones, Adam Smith ha sido considerado como el padre del libre mercado y reducido, muchas veces, a la caricatura de un pensador que creía que el mercado, por sí solo y con su “mano invisible”, resolvía todos los problemas. Una lectura más profunda revela que el liberalismo económico clásico no era anti-Estado, sino profundamente dependiente de un Estado fuerte y eficaz.
Smith concebía el mercado como un espacio que requería condiciones institucionales exigentes. El Estado debía garantizar la defensa de la propiedad privada, la justicia y la provisión de obras públicas que el sector privado no tendría incentivos para desarrollar. Sin Estado de derecho, sin seguridad jurídica y sin infraestructura básica, el comercio simplemente no prospera.
Smith también desconfiaba de los monopolios y de la colusión entre empresarios y políticos. Lejos de promover un laissez-faire absoluto, advertía sobre los riesgos de dejar que intereses privados dominen el espacio público y sabía que la concentración económica puede distorsionar la competencia.
Quizá el mejor ejemplo contemporáneo de esta intuición sea el Mercado Único Europeo. La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre veintisiete Estados no descansa en la ausencia de regulación, sino en un entramado jurídico común, una política de competencia activa y un tribunal supranacional capaz de hacer cumplir las reglas. La integración europea no eliminó al Estado; lo coordinó y lo fortaleció a través de instituciones compartidas.
Esta idea ha sido recientemente retomada por Enrico Letta en su informe Much More Than a Market, donde sostiene que la competitividad europea no depende de desregular, sino de profundizar el mercado único mediante mayor integración en sectores estratégicos, una verdadera unión de capitales y mayor coherencia regulatoria. La tesis de Letta es, en el fondo, profundamente smithiana al sostener que el mercado solo despliega todo su potencial cuando está sostenido por reglas claras, instituciones creíbles y capacidad pública para hacerlas valer.
El éxito de las economías más dinámicas del mundo descansa en la calidad del Estado. Allí donde existe un Estado predecible, profesional y sometido a la legalidad, florecen la inversión, la innovación y el crecimiento. Donde impera la arbitrariedad, la inseguridad jurídica o la corrupción, el mercado se convierte en un espacio de incertidumbre, no de competencia. Hoy la alternativa ya no se plantea en términos de mercado o Estado, sino de mercados bien regulados o mercados distorsionados por la captura y la opacidad.
El caso mexicano ilustra con claridad esta tensión. Durante décadas, el país ha abrazado formalmente la apertura comercial y la integración global, convirtiéndose en una de las economías más abiertas del mundo. Sin embargo, las deficiencias en seguridad y calidad regulatoria han limitado el potencial transformador del mercado. La inversión no depende solo de aranceles bajos o tratados comerciales, sino de reglas claras, tribunales confiables y capacidad estatal para hacer cumplir la ley. La ausencia de estas condiciones no elimina el mercado, pero lo hace funcionar con fricciones, incertidumbre y costos que ultimadamente reducen la capacidad de generar prosperidad.
Reivindicar a Smith hoy implica rescatar su visión como pensador político y moral que entendía la economía como parte de un orden social más amplio. El mercado no puede desligarse de la ética, la política ni las instituciones.
Quizá la mejor manera de honrar a Smith sea reconocer que el verdadero liberalismo económico exige un Estado capaz, limitado por la ley y comprometido con el interés general. Esa es, probablemente, la lección más vigente en nuestro tiempo, tanto para México como para cualquier economía que aspire a prosperar de manera sostenible.
