El libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, “Ni venganza ni perdón”, ha sido diseccionado por la comentocracia nacional como un manual de ajustes de cuentas o una cartografía de las intrigas palaciegas.
Sin embargo, reducir la obra a una bitácora de filias y fobias es perder de vista una confesión profunda del sistema de salud -y acaso involuntaria- que subyace en sus páginas. Más allá de las tensiones entre el exconsejero jurídico y el exvocero de la presidencia, el texto ofrece una realidad presente en nuestros días: la retórica del bienestar público y la realidad de la salud privada.
La lectura de este libro merece un análisis con rigor académico más allá de lo político. En el capítulo dedicado al infarto sufrido por el hoy expresidente en 2013, el relato es revelador. Ante la emergencia vital, no se recurrió a la mística de la medicina pública, sino a una póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) de una aseguradora privada contratada a “espaldas” del expresidente por su esposa a insistencia de su exconsejero jurídico Julio Scherer, ya que López Obrador no estaba de acuerdo por considerar que “eso era de gente rica”. El escenario de la recuperación no fue un pasillo de un hospital público, sino uno privado: el Hospital Médica Sur.
Esta “preferencia revelada” por delegación -que ocurre cuando en el entorno más íntimo de una persona se toman decisiones pragmáticas para garantizar su supervivencia por encima de su propia ortodoxia ideológica- confirma que, ante el riesgo máximo, el círculo del poder no confía en el sistema que administra y ante la supervivencia mantiene su propia red de seguridad.
La evidencia no es subjetiva ni se limita a un solo personaje. Es un patrón de comportamiento institucionalizado en la alta burocracia de prácticamente todas las administraciones de los últimos 30 o 40 años.
Por ejemplo, el de la presidenta nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, quien optó por la atención de su parto en el exclusivo Hospital ABC de Santa Fe, o bien, el del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, cuya búsqueda de alta especialidad lo ha llevado a centros de excelencia en el extranjero o qué decir del reciente caso del gobernador de Tabasco, Javier May, quien ante una urgencia abdominal prefirió atenderse en el Hospital Ángeles en lugar del sistema público, y así muchos otros casos más, confirman la tesis: en México, la salud es un derecho de doble vía. Existe una vía de “mínimos” para el grueso de la población y una vía de “máximos” para quienes ostentan el poder, o bien, el dinero suficiente para pagar un SGMM.
Académicamente, este fenómeno se conoce como “desafiliación institucional de la élite”. Cuando los tomadores de decisiones no habitan el sistema que construyen, se elimina el incentivo de mejora más potente: la necesidad propia. La cancelación de los SGMM para la burocracia media fue un golpe contable al erario, pero para la cúpula, la póliza privada sigue siendo el muro que los protege de las consecuencias de sus propias reformas sanitarias.
Desde el rigor de las políticas públicas, el libro termina siendo una confesión de insuficiencia estatal. Los datos de supervivencia actúan como el único juez neutral en esta trama. La mortalidad intrahospitalaria por eventos “tiempo-dependientes”, como el infarto agudo al miocardio, muestra brechas que ninguna narrativa puede cerrar.
La élite no elige el sector privado por estatus, sino por un cálculo racional de reducción de riesgos; buscan la “certeza logística” que el sistema público, asfixiado por la saturación y las largas listas de espera a menudo no puede garantizar. El libro de Scherer lo documenta como un acto de prudencia familiar -también realizado por su propio padre y por Heberto Castillo como se revela en el libro-, pero en el ámbito de las políticas públicas, es el reconocimiento de que el Estado en el sistema público de salud aún no es capaz de garantizar la excelencia ante la emergencia.
No se busca emitir juicios de valor sobre el derecho individual para buscar la mejor atención médica; esa es una decisión humana irreprochable. Lo que se somete a escrutinio es la coherencia de una política de Estado que promueve un modelo de salud pública “como el mejor del mundo” mientras sus arquitectos aseguran su supervivencia en el mercado privado.
Ante este panorama, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una oportunidad de oro para derribar este muro. Si el nuevo gobierno busca una verdadera universalidad, el camino no es la exclusión del sector privado por razones ideológicas, sino su integración funcional. Un avance real sería que cualquier paciente con un infarto -la emergencia de supervivencia por excelencia- fuera atendido en el hospital más cercano, público o privado, mediante un fondo de compensación universal, bajo tarifas estandarizadas impuestas por el Estado. No es un cheque en blanco al privado.
Socializar la tecnología existente para salvar vidas en riesgo no es privatizar; es democratizar la supervivencia. El reto de esta administración es decidir si la salud seguirá siendo un terreno de pureza ideológica o finalmente, de supervivencia y de calidad médica garantizada para todas y todos los mexicanos.
