La sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional para convertirse en un factor financiero decisivo. Hoy, inversionistas y reguladores exigen a las empresas reportar sus riesgos climáticos con la misma seriedad que sus estados financieros. Para consejos y directivos, es una nueva vía para construir la confianza que permita mejores posibilidades de financiamiento.
En México, esta transparencia es obligatoria e implica cambios importantes en las prácticas contables tradicionales. Desde 2025, las empresas deben integrar a los reportes información significativa no financiera —o “material”— como métricas de impactos medioambientales y prácticas laborales o de gobernanza. Ejemplos de esto son las inversiones en tecnologías que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la incorporación de más mujeres y personas de grupos vulnerables en la nómina o la adopción de nuevas medidas en ciberseguridad.
La obligatoriedad la imponen las nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF), que a su vez convergen con las Normas Internacionales de Información Financiera (por sus siglas en inglés: IFRS) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (en inglés, ISSB).
Estas regulaciones buscan establecer incentivos positivos para que las empresas puedan acceder a financiamientos que otorguen tasas competitivas como la greenium —una prima asociada con los “bonos verdes”—. A cambio, se exige más transparencia y medición de resultados, incluso en sectores intensivos en carbono, como el del petróleo y gas, que requieren, como en todos los sectores, disminuir sus emisiones GEI.
En particular, el desafío de las petroleras a nivel global se refleja en cómo asignan y reportan con claridad sus inversiones sustentables. En nuestro país, pese a que el gobierno busca movilizar hasta 15 billones de pesos hacia actividades sostenibles en los próximos años, el capital de las empresas públicas del Estado sigue concentrado en activos con baja trazabilidad climática.
Así, a partir de información fragmentaria que Pemex reporta en el informe de sostenibilidad, pudimos estimar un monto de inversión ambiental identificada en 2024 por 15.08 mil millones de pesos, que representa el 7.62 por ciento de su gasto total de inversión (capex).
Al contrastar el informe anual 20-F que Pemex presenta ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC, siglas en inglés) con el estado financiero dictaminado de 2024, destaca que el monto de estas inversiones no se reporta con claridad. Aunque sí identificamos un monto de inversión social, equivalente a mil 505.8 millones de pesos, tal cifra corresponde realmente a donativos de combustible autorizados por el Consejo de Administración.
En contraste, petroleras internacionales comparables a Pemex reportan con más claridad sus inversiones en proyectos climáticos. Petrobras, por ejemplo, destina 11.9 puntos porcentuales de su capex; PetroChina, 8.7 por ciento; Equinor, 16 puntos; Ecopetrol, 13 por ciento, y Saudi Aramco, 0.2 puntos. Esto permite a inversionistas dimensionar, monitorear y verificar un compromiso más claro con la sustentabilidad.
La transparencia climática permite a los inversionistas dar seguimiento a empresas cuyo valor económico aumenta conforme se reportan inversiones en proyectos sustentables que abren la puerta a financiamientos competitivos. Empresas proactivas en, por ejemplo, mejorar su consumo energético o en optimizar el uso de agua, impactan directamente en ahorros operativos que elevan su productividad y su calificación a mejores financiamientos para nuevas inversiones. Un círculo virtuoso. Ante la desafiante situación financiera que Pemex enfrenta, no debe desaprovechar esta oportunidad.
El aprendizaje es claro: medir bien conduce a decidir mejor, y decidir mejor fortalece la generación de valor económico. Para los consejos de administración, el paso indispensable es incorporar estos temas en la agenda estratégica mediante la constitución de comités de sustentabilidad —como ya lo hizo Pemex desde 2023—. La sostenibilidad ya no es un requisito reputacional ni un trámite regulatorio: es una estrategia financiera que define quién accede a financiamiento más barato y quién se queda atrás.
