En una columna anterior, establecí dos ejes de acción que debería promover la presidente Claudia Sheinbaum para potenciar el sector infraestructura en México:
1. Confiar en los expertos en cada sector y sub-sector de la infraestructura en México, e integrar a la brevedad un Plan Nacional de Infraestructura, para avanzar modernizar y subsanar los rezagos que existen en la infraestructura, y
2. Apoyarse más en el sector privado para acelerar las inversiones en el sector infraestructura, que tanta falta le hacen a nuestro país.
El pasado 3 de febrero de 2026 la presidente Claudia Sheinbaum anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que en 2026 pretende destinar 722 mil mdp adicionales a lo ya presupuestado para energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, comprometiéndose el gobierno a destinar 5.6 billones de pesos adicionales para estos sectores el resto del sexenio.
Hacienda comunicó que para la elaboración del Plan se analizaron más de mil 500 proyectos desde el punto de vista técnico y financiero. Explicó además la dependencia que esta estrategia contempla cuatro pilares para su ejecución, los cuales comento puntualmente cada uno:
1. La creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión coordinado por la presidente, para la priorización, seguimiento y atención oportuna de los proyectos.
El Estado no es un buen planeador de la inversión, porque se siguen presentando sesgos ideológicos a favor de esquemas de control y de planificación central de la infraestructura, en contra de las tendencias del mercado y de la lógica financiera. Lo ideal debería ser la creación de un ente independiente de inversiones con rigor técnico, financiero y de planeación que no esté sujeto al ciclo político y a la correlación de fuerzas en el país.
2. Introducción de nuevos vehículos de inversión especializados en infraestructura, para sumar a la transparencia y eficiencia en costos.
El área financiera de los proyectos de inversión es una excelente esfera para la creatividad, sin embargo, deben plantarse con seriedad los esquemas de transparencia y rendición de cuentas para el sector privado, a efectos de reducir el riesgo para la inversión privada y, por ende, los costos de financiamiento de esta.
3. Actualización de la normatividad para armonizar el marco legal e incorporar el modelo de contratos mixtos.
La crítica a las APP es que eran esquemas muy caros porque el gobierno federal financiaba el riesgo de inversión y retorno requerido del sector privado, mientras que las inversiones mediante el modelo de contratos mixtos utilizan la inversión pública para bajar el costo de financiamiento de los proyectos.
El modelo de inversiones mixtas corre el riesgo de socializar pérdidas de inversiones que no fueron priorizadas mediante criterios de rentabilidad económica sino estrictamente social, lo que implica un riesgo para los contribuyentes.
4. Creación de una Base de Datos Nacional para tener elementos de planeación de proyectos y generar métrica e indicadores para los inversionistas.
Cualquier base de datos debe tener aceptación mayoritaria por los agentes involucrados, lo que implica que sea transparente, comprobable, auditable, comparable, fiscalizable, etc., para que pueda generar confianza y certeza en el sector infraestructura y los inversionistas.
En fin, creo que por fin la 4T voltea a ver al sector privado para financiar la infraestructura, lo cual es positivo para el sector.
Sin embargo, reitero el primer eje sugerido al inicio de la nota: Confiar en los expertos en cada sector y sub-sector de la infraestructura en México, e integrar a la brevedad un Plan Nacional de Infraestructura, para avanzar modernizar y subsanar los rezagos que existen en la infraestructura.
Escribí también con anterioridad que, si Claudia Sheinbaum quería realmente impulsar la infraestructura en México, debería actuar bajo la siguiente premisa: Todo el mercado que sea posible, todo el estado que sea necesario.
El MERCADO para atender los sectores rentables en función de la demanda y del mercado, inducir competencia y reducir costos de obra y financiamiento.
El ESTADO para complementar la inversión privada en sectores menos rentables, garantizar la redistribución del ingreso, promover un marco jurídico y regulatorio estable y proveer seguridad, certeza y transparencia a la inversión privada.
El sector infraestructura requiere menos política, menos ideología, menos estigmas y más acción, más técnica, más expertise, más certeza, más transparencia, más estabilidad, más respeto y más, pero mucho más, cooperación pública-privada.
