Hay ventanas que no se abren del todo. Se quedan apenas entreabiertas: dejan pasar algo de aire, alivian la presión acumulada, pero no cambian la temperatura de fondo de una habitación. La política fiscal mexicana está hoy frene a una ventana de esa naturaleza. No es una puerta abierta a la expansión, ni un regreso a la holgura de otros ciclos, sino un margen acotado que aparece cuando la aritmética fiscal y el ciclo económico coinciden a favor de una postura más ajustada, pero a un ritmo más atemperado. Aprovecharlo exige precisión, sin la complacencia de confundir dicho margen con relajamiento.
La razón por la que esta ventana existe es relativamente clara. La consolidación fiscal prevista para 2025 será, en la práctica, más suave de lo anticipado. Con la actualización de las series del PIB y un crecimiento económico menor al esperado, los Requerimientos Financieros del Sector Público se ajustarán a la baja con respecto a 2024, pero a un ritmo más lento del originalmente planteado. El déficit se reduce, sí, aunque no por un fortalecimiento estructural de los ingresos, sino por una adaptación pragmática a un entorno macroeconómico más débil.
Este matiz es fundamental porque define la naturaleza del espacio fiscal disponible. El margen que se observa hoy no proviene de una base tributaria más amplia ni de una recaudación estructuralmente más robusta. Surge de una combinación de factores transitorios: disciplina en el manejo del gasto, costos financieros contenidos y ciertas operaciones de refinanciamiento —particularmente en el frente de Pemex— que ayudan a estabilizar las métricas de deuda sin deteriorar el balance del sector público.
El principal riesgo es interpretar mal lo que se ve a través de ella. En los últimos años, los ingresos públicos sorprendieron al alza. Mejores prácticas de administración tributaria, esfuerzos de fiscalización y un entorno macro relativamente favorable permitieron ejecutar el gasto sin comprometer las metas fiscales. Pero ese episodio no define una nueva normalidad. Con una economía que pierde tracción y una producción petrolera sistemáticamente por debajo de lo programado, la elasticidad de los ingresos al ciclo empieza a operar en sentido contrario. Apostar a otro año de ingresos por arriba del programa sería asumir que la ventana seguirá abierta cuando, en realidad, empieza a cerrarse.
Esto es lo que vuelve a 2026 un año fiscalmente complejo. Ejecutar todo el gasto anticipado sin comprometer las metas fiscales requeriría, de nuevo, un desempeño excepcional de los ingresos. Ese supuesto luce cada vez menos consistente con el entorno macroeconómico. La discusión relevante, entonces, no es cuánto más se puede gastar, sino cómo utilizar de manera inteligente el margen que existe.
Aquí es donde la metáfora de la ventana cobra sentido operativo. Una rendija bien aprovechada no sirve para remodelar la casa, pero sí para ventilar. En términos fiscales, eso implica usar el espacio disponible para apoyar el ciclo económico sin alterar el ancla de sostenibilidad. El canal natural para hacerlo es la inversión pública. A diferencia del gasto corriente, el gasto de capital tiene un doble efecto: ofrece un impulso de corto plazo a la actividad y, si está bien diseñado, eleva la capacidad productiva en el mediano plazo. Para ello es indispensable que los proyectos de inversión sean rentables.
Este punto es especialmente relevante en un entorno de inversión privada contenida. Cuando la incertidumbre frena decisiones de largo plazo, la inversión pública puede actuar como un puente entre el ciclo actual y el siguiente. Infraestructura, energía y logística no solo sostienen la demanda agregada, sino que pueden mejorar la productividad si están alineadas con una estrategia clara. Iniciativas como el Plan México encajan en esa lógica: no como un ejercicio de expansión fiscal indiscriminada, sino como una reasignación estratégica de recursos hacia proyectos con capacidad de atraer capital privado y generar efectos de arrastre.
Pero incluso una ventana bien utilizada tiene un límite temporal. El verdadero desafío fiscal no está en 2026, sino en lo que viene después. El impacto pleno de la desaceleración económica sobre los ingresos públicos suele manifestarse con rezago, y todo apunta a que será este año cuando esa presión se vuelva más visible. Cuando eso ocurra, el margen de maniobra será menor y la tolerancia a desvíos fiscales se reducirá.
Por eso, usar el espacio actual como si fuera permanente sería un error. La política fiscal puede acompañar la recuperación, pero no sustituirla ni forzarla. Su papel es estabilizar el ciclo, no prometer más de lo que la base de ingresos puede sostener. De ahí que la discusión de fondo no sea sobre relajar metas, sino sobre mejorar la composición del gasto y la calidad de la ejecución.
La ventana fiscal de 2026 está entreabierta. Dejarla pasar sin aprovecharla sería un desperdicio; empujarla como si fuera una puerta abierta, un riesgo innecesario. La diferencia entre una cosa y otra no está en el tamaño del déficit, sino en la claridad del diagnóstico. Porque cuando la ventana termine de cerrarse —como suele ocurrir— lo que quedará no será el alivio momentáneo, sino la huella de las decisiones tomadas mientras aún entraba algo de aire.
