América Latina avanza con paso firme hacia su consolidación como eje estratégico de las finanzas sostenibles a nivel global. La relevancia de las emisiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) refleja no solo un cambio técnico, sino también una transformación profunda en la manera en que gobiernos, empresas e inversionistas conciben el desarrollo económico.
Según Climate Finance, se proyecta que el mercado latinoamericano de inversiones verdes crecerá de 200 mil millones de dólares en 2024 a 980 mil millones de dólares en 2033, impulsado por la creciente demanda de bonos sostenibles, inversiones en energías renovables e iniciativas ASG. Brasil y México lideran la región, concentrando el 80% de las emisiones de bonos sostenibles en moneda local.
Cada vez más países latinoamericanos están desarrollando o implementando taxonomías nacionales de finanzas sostenibles, incorporando criterios científicos y alineando sus marcos regulatorios y de inversión con objetivos ambientales. Así mismo, diversos gobiernos de la región están promoviendo iniciativas de sostenibilidad en sectores clave, incluyendo la generación y uso de energía, entre otros, reflejando una dinámica que involucra tanto a instituciones públicas como a compañías privadas.
En este contexto, las instituciones del sector bancario se están posicionando dentro de este movimiento, integrando criterios ASG en sus propias operaciones y ofreciendo servicios financieros orientados a apoyar los objetivos estratégicos de sostenibilidad de sus clientes. Por ejemplo, en Scotiabank hemos otorgado 172 mil millones de dólares canadienses en financiamiento relacionado con el clima desde 2019 hasta el año pasado, y esperamos alcanzar los 350 mil millones en 2030.
El reto —y la oportunidad— consiste en canalizar capital hacia proyectos que generen valor económico, ambiental y social de manera simultánea. Es aquí donde el papel de los bancos puede ir más allá de la emisión de bonos verdes; implica diseñar productos financieros que respondan a las necesidades del sector público y privado.
El financiamiento sostenible, correctamente canalizado, puede convertirse en el motor de una nueva competitividad regional. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la transición hacia economías bajas en carbono podría generar hasta 15 millones de empleos en América Latina para el año 2030, siempre que existan los mecanismos adecuados y políticas públicas que respalden este cambio.
En este escenario, los bancos tienen una oportunidad histórica de apoyar un modelo de desarrollo más equitativo, articulando soluciones que conecten el capital privado, la innovación tecnológica y las políticas públicas. La región está demostrando que el crecimiento económico y la acción climática pueden avanzar de la mano.
Así, las finanzas sostenibles emergen como un catalizador estratégico, canalizando capital hacia un desarrollo que busca simultáneamente fomentar la inclusión, fortalecer la competitividad y asegurar la rentabilidad a largo plazo. América Latina no solo posee la urgencia de atender estos desafíos, sino también la madurez de mercado y el compromiso para demostrar esta premisa a escala global.
