La atención mediática y del público en general sobre la próxima Ley de Ingresos de la Federación 2026 –LIF 2026— (y su respectiva miscelánea fiscal) se ha concentrado —con razón— en los cambios al IEPS. El aumento de este impuesto en bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos, o bienes considerados nocivos, ha acaparado titulares. Pero más allá de esos ajustes visibles, la reforma fiscal incluye modificaciones de gran calado para el sector financiero, con efectos que podrían trasladarse al bolsillo de millones de mexicanos: en primas de seguros, costo del crédito, condiciones de financiamiento y, por tanto, en la capacidad de consumo e inversión del país.
Si bien, mucho se ha comentado sobre el enfoque de la autoridad en una mayor recaudación, poco se ha reflexionado y dimensionado sobre el impacto estructural que representa la reforma fiscal 2026 para los servicios financieros, y la transformación del régimen tributario para aseguradoras y bancos. Ese es el enfoque que conviene poner en el debate público desde ahora.
Seguros: ¿por qué las primas subirán?
El cambio más relevante se enfoca en el sector asegurador. Mediante la reforma incluida en la LIF 2026, se elimina la posibilidad que las aseguradoras acrediten el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en la prestación de servicios o suministro de bienes, cuando estos se utilizan para indemnizar a sus asegurados (reparaciones, hospitalización, reposición, etc.). En los hechos, a partir de 2026 —y con efecto en siniestros, daños, gastos médicos, automóviles y otros ramos— ese IVA ya no será recuperable.
Ese IVA deja de ser un crédito fiscal y se convierte en un costo directo para las aseguradoras, lo que erosionará sus márgenes operativos. La consecuencia lógica: ese costo se trasladará —total o parcialmente— a los consumidores finales, mediante un incremento en las primas. Según estimaciones difundidas en medios especializados, las primas de auto y de gastos médicos mayores podrían aumentar entre un 10% y 20% en 2026.
Crédito y banca: un giro fiscal relevante que pocos discuten
El paquete fiscal aprobado contiene modificaciones que también tienen un efecto en las instituciones de crédito. En particular, se endurecen las reglas para la deducción de créditos incobrables.
Este cambio implica que los bancos ya no podrán deducir las pérdidas por créditos incobrables al momento de efectuar el castigo contable, es decir, cuando la cartera se aplica contra sus reservas preventivas, como ocurre actualmente. A partir de 2026, la deducción solo será procedente cuando se acredite el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos e incluso judiciales, tales como la prescripción o la “notoria imposibilidad práctica de cobro”. En función del monto del crédito, las instituciones deberán incluso obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente.
Esta homologación con el régimen general incrementa la incertidumbre jurídica, eleva el costo del riesgo para las instituciones y, previsiblemente, hará que los bancos endurezcan sus criterios de otorgamiento.
Consecuencias para los consumidores: ¿quién termina pagando?
Las repercusiones no son triviales. Para personas físicas o morales que requieren seguros: primas más altas, potencial reducción de cobertura, deducibles mayores, o incluso deserción del seguro, un resultado contraproducente en un país en donde el total de población que cuenta con uno es bajo.
Para quienes solicitan crédito: un acceso posiblemente más restringido, con mayores costos de financiamiento y requerimientos más estrictos. Eso puede desalentar la inversión, el consumo o la expansión empresarial.
Para el país en su conjunto: el impacto podría ser negativo en aspectos relacionados con la inversión, reducción de proyectos productivos, reducción en el nivel de protección ante riesgos, así como menor resiliencia financiera de hogares y empresas en un momento en el que la economía requiere dinamismo, financiamiento y cobertura para riesgos crecientes.
Más allá del ruido mediático: un llamado a la reflexión
La discusión pública sobre la Miscelánea Fiscal 2026 no puede limitarse al impacto del IEPS en bebidas, tabaco o videojuegos. Es crucial visibilizar los efectos estructurales en el sistema financiero: una nueva tarificación para seguros y créditos, sectores esenciales para la estabilidad económica, la protección patrimonial y la capacidad de inversión en México.
Resulta prioritario que, legisladores, reguladores, aseguradoras, bancos, empresas y consumidores evalúen, antes de que entren en vigor los nuevos cambios, estrategias de mitigación, incentivos para inclusión financiera, o políticas públicas que incentiven el acceso a seguros y crédito.
