El autor es CEO de ALLIANCE, firma especializada en posicionamiento estratégico y vinculación en los sectores energía, infraestructura y logística.
El sector energético mexicano atraviesa una tormenta. No es una metáfora ligera: hablamos de adeudos que asfixian a proveedores, de redes de contrabando que comprometen la seguridad fiscal, de procesos internos que generan más dudas que certezas. En este contexto, los anuncios recientes de pagos por parte de Pemex trajeron un respiro momentáneo, pero también dejaron claro lo que muchos ya sabemos: sin controles externos, independientes y auditables, la confianza seguirá siendo frágil y el futuro incierto.
Los números son contundentes. Al cierre del segundo trimestre de 2025, Pemex registró más de 430 mil millones de pesos en pasivos con proveedores y contratistas, casi 19 por ciento más que el año pasado. El gobierno federal ha anunciado un vehículo financiero de 250 mil millones de pesos para cubrir parte de esos adeudos y, en septiembre, la presidencia informó que ya se han dispersado alrededor de 240 mil millones. La buena noticia es que el flujo se reactivó. La mala es que el propio sistema reconoce que su continuidad depende de promesas financieras aún en ejecución.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República destapó una red de más de 550 empresas que, desde al menos ocho puertos estratégicos —incluido Veracruz—, operaba el llamado “huachicol fiscal”. Documentos falsos, complicidad aduanera y evasión de impuestos dejaron en evidencia la vulnerabilidad de los controles internos. La mañanera no tuvo más remedio que abordar el tema, comprometiéndose a actuar. Pero la pregunta que queda es: ¿seremos capaces de evitar que esto vuelva a suceder si seguimos confiando en las mismas estructuras que lo permitieron?
Las PyMEs, que constituyen la mayor parte de los proveedores de la cadena energética, están atrapadas en medio de esta tormenta. Pagan nóminas, impuestos y financian de su propio bolsillo la operación, mientras esperan meses para recibir pagos. Celebran los anuncios de dispersión de recursos, pero saben que mañana volverán a la incertidumbre si las reglas siguen cambiando de manera discrecional. Su permanencia en la cadena de valor depende de algo más que liquidez: depende de reglas claras y verificables que den certidumbre real.
Tabasco y Veracruz ejemplifican el reto. Veracruz es hoy símbolo de cómo la opacidad aduanera puede vulnerar al país entero. Tabasco, por su parte, refleja la fragilidad de la cadena logística y el riesgo de corrupción en rutas críticas. Y en ambos casos, la lección es la misma: si no hay verificaciones externas, la confianza se erosiona y la competitividad se pierde.
La experiencia internacional lo demuestra. Brasil y Colombia lograron reducir la corrupción y atraer inversión al instaurar tableros públicos auditados por terceros, con métricas comparables a estándares internacionales. No se trata de teoría, sino de práctica probada: abrir procesos a la verificación externa es lo único que genera confianza sostenida.
México no puede seguir apostando a paliativos. La industria energética necesita valentía institucional: aceptar que los controles internos no bastan, que las auditorías externas son indispensables y que sin transparencia verificable la transición energética será un riesgo y no una oportunidad.
No se trata de discursos ni de fotografías conmemorativas. Se trata de decidir si queremos un país que inspire confianza a su propio empresariado y a los inversionistas globales, o si seguiremos atrapados en el ciclo de adeudos, opacidad y escándalos.
Las PyMEs no piden favores: exigen certidumbre. Y la certidumbre no se construye con promesas ni con ruedas de prensa, sino con reglas claras, auditables y estables. Pemex y CFE tienen en sus manos la posibilidad de dar un giro histórico.
La transparencia no es un lujo. Es el requisito mínimo para sostener a Pemex, a CFE y a toda la cadena de valor en medio de la tormenta.