He seguido con atención el comportamiento del mercado mexicano de fusiones y adquisiciones durante este 2025 y confieso que los datos me han dejado reflexionando. Las cifras muestran una paradoja: mientras el número de operaciones cayó 36%, con apenas 149 transacciones, el capital movilizado creció un 46%, alcanzando 14,583 millones de dólares, de acuerdo con TTR Data. Menos operaciones, pero de mayor valor. Esto revela la necesidad de una estrategia legal sólida que acompañe cada movimiento de capital, porque los riesgos y responsabilidades también escalan con la magnitud de las transacciones.
Estoy convencido de que la regulación debe ser más que un trámite, debe ser un marco de equilibrio entre dinamismo económico y estabilidad institucional. No basta con que existan leyes de competencia o normas de transparencia: es indispensable que las autoridades actúen con eficacia y cuenten con la capacidad técnica y jurídica para evitar abusos o distorsiones de mercado. De lo contrario, el crecimiento en el valor de las transacciones podría volverse un espejismo que termine debilitando la confianza en el sistema financiero y corporativo.
He visto en la práctica cómo detrás de cada negociación se requieren contratos diseñados con precisión. No se trata solo de estipular precio y condiciones de pago, sino de prever contingencias, establecer mecanismos claros de solución de controversias y detallar garantías específicas. En transacciones multimillonarias, el más mínimo descuido puede traducirse en litigios prolongados o en conflictos regulatorios. Por ello, sostengo que la asesoría legal en M&A no es un accesorio, sino el corazón mismo del proceso.
También creo que los órganos reguladores deben dar un paso más allá. No basta con autorizar o rechazar operaciones: es indispensable generar confianza pública. Una forma sería mediante reportes accesibles, en los que se explique con claridad el impacto fiscal, los actores involucrados y las implicaciones en la competencia de mercado. La opacidad siempre ha sido un riesgo en este tipo de operaciones, y solo la transparencia puede contrarrestar la percepción de que responden a intereses concentrados.
Este panorama nos invita a evaluar si el marco normativo actual está preparado para la nueva ola de capital. La experiencia internacional muestra que cuando el valor de las transacciones crece de manera acelerada, los vacíos legales se vuelven más visibles. Es momento de discutir posibles reformas que fortalezcan la institucionalidad, limiten prácticas monopólicas y blinden la estabilidad de los mercados. No se trata de frenar la inversión, sino de darle cauce bajo reglas claras y con certeza jurídica para todos los actores.
He llegado a la conclusión de que lo que está en juego no es únicamente la eficiencia de las operaciones empresariales, sino la capacidad del país para atraer capital con confianza. Si los inversionistas perciben un entorno con reglas claras, contratos robustos y autoridades vigilantes, el mercado mexicano de M&A puede convertirse en un motor de crecimiento sostenible. Pero si persiste la fragilidad regulatoria, corremos el riesgo de que el capital llegue de forma especulativa y se retire al primer signo de inestabilidad.
Por eso, creo firmemente que el crecimiento en el valor de las fusiones y adquisiciones mexicanas no puede entenderse sin un acompañamiento legal estratégico. Necesitamos regulación robusta, contratos aseguradores, gobernanza transparente y voluntad política para actualizar el marco normativo. Solo así podremos traducir esta ola de capital en inversión sólida, desarrollo económico y fortalecimiento institucional a largo plazo.
