En México, hablar de la industria del juego y las apuestas es hablar de un sector que se ha transformado de manera vertiginosa en los últimos años. Hoy ya no se limita a las salas físicas y a los casinos tradicionales: incluye plataformas digitales, apuestas deportivas en tiempo real, póker en línea y una amplia gama de experiencias que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, todo este desarrollo opera bajo un marco legal obsoleto: la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1947. Una ley que nunca previó máquinas electrónicas, mesas de juego en vivo ni, mucho menos, la realidad digital y global que vivimos.
La consecuencia de esta brecha normativa es clara: incertidumbre para los inversionistas, riesgos de operación para los operadores legales y un terreno fértil para la ilegalidad. Mientras el mercado legal de juego en línea en México creció de 600 millones de dólares en 2019 a 2 mil 700 millones de dólares en 2024 —con una proyección de superar los 3 mil millones de dólares en 2025—, el mercado ilegal ya representa el 60 por ciento de la actividad en línea, con pérdidas de 300 millones de dólares que no pagan impuestos ni generan empleos.
Este contraste es preocupante. La industria legal aporta más de 38 mil empleos directos y 140 mil indirectos, además de una derrama fiscal millonaria que beneficia a la Federación, estados y municipios. El juego regulado también incorpora programas de responsabilidad social, prevención de adicciones y espacios libres de humo. El juego ilegal, en cambio, carece de cualquier control: no paga impuestos, no protege a los jugadores y vulnera la seguridad de todos.
La pandemia aceleró esta discusión. El juego en línea se consolidó como una de las principales alternativas de entretenimiento, particularmente entre jóvenes de 18 a 35 años, mientras que los casinos físicos siguen siendo el espacio de convivencia para públicos de mayor edad. Ambos mundos no se excluyen, se complementan. Pero ambos requieren reglas claras que los integren de forma ordenada y sostenible.
Desde la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), hemos señalado que México necesita con urgencia una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, que sustituya la norma vigente de hace 77 años. No se trata de abrir indiscriminadamente el mercado, sino de dar certeza jurídica, impulsar la inversión nacional y extranjera, y fortalecer las herramientas del Estado para combatir el juego ilegal. Una regulación moderna debe abarcar temas como métodos de pago seguros, prevención del lavado de dinero, tributación equitativa, adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y mecanismos de protección a los jugadores.
La Secretaría de Gobernación ya ha encabezado foros y se encuentra en la redacción de un proyecto de ley que podría presentarse en el Congreso en los próximos periodos de sesiones. Este paso, largamente esperado, sería histórico: por primera vez en décadas tendríamos la oportunidad de regular con visión de futuro una industria que ha sobrevivido a crisis, tragedias y estigmas, y que hoy sigue de pie, generando empleos, inversión y desarrollo regional.
Como presidente de la AIEJA, creo firmemente que este es el momento de dar el paso hacia un marco normativo moderno. Una ley que no solo garantice la competitividad del sector, sino que brinde seguridad jurídica a los inversionistas, proteja a los usuarios, fomente la innovación tecnológica y fortalezca la recaudación fiscal.
