Óscar Mario Beteta
En solo una hora, ‘Otis’ aumentó la intensidad de sus vientos de 100 km/h a 250 km/h y en menos de 12 horas atravesó las cinco fases de los huracanes hasta llegar a la categoría 5, la más alta y destructiva de estos fenómenos meteorológicos.
Este monstruo golpeó Guerrero, y en particular Acapulco, el principal centro turístico de ese estado, pasada la medianoche del miércoles. Hasta ahora los meteoros más intensos que habían llegado a Acapulco fueron la tormenta tropical ‘Manuel’, en 2013, y el huracán ‘Paulina’, en 1997. Ambos dejaron una estela de destrucción a su paso, pero no tuvieron la fuerza de ‘Otis’, que es el primer ciclón del siglo XXI en llegar de lleno a un área urbana densamente poblada, provocando afectaciones a al menos un millón de habitantes y dejando un saldo preliminar de 27 personas muertas y cuatro desaparecidas.
Aunque desde el martes, las cosas estaban puestas para un escenario de catástrofe y pesadilla, las autoridades, como ha ocurrido históricamente en nuestro país, no hicieron nada.
El huracán sorprendió por la velocidad e intensidad que adquirió en tan poco tiempo y también evidenció la falta de preparación que tenemos para enfrentar una emergencia así.
Y es que para tormentas perfectas, en México siempre llevamos las de perder, pero no solamente por los fenómenos meteorológicos, sino también por la tormenta perfecta que resulta de la combinación de ineptitud, la falta de cultura, de la prevención y la corrupción.
En este sentido, otras catástrofes, como la del terremoto de 2017, que fue inesperado y en cuanto a preparación no se puede comparar con ‘Otis’, nos dejan un sabor de boca amargo, lecciones no aprendidas, impotencia y rabia.
El destructivo sismo que sorprendió a la Ciudad de México con una intensidad de 7.1 grados el 19 de septiembre de 2017 dejó un saldo de 369 personas muertas. La corrupción ahondó la tragedia, pues los recursos que iban a ser utilizados para los damnificados simplemente desaparecieron y aún hay personas que no logran recuperar sus viviendas.
Ese año, México recibió donativos de gobiernos extranjeros por alrededor de 91 millones de pesos. Además, se echó a andar el fideicomiso Fuerza México, una gran alcancía que concentró la ayuda nacional de entidades privadas y públicas, pero se creó sin ningún control, sin ningún marco normativo, por lo que jamás se dio seguimientos al dinero que acumuló.
Ese fideicomiso fue un oasis de opacidad y falta de coordinación interinstitucional, pues los recursos que se obtuvieron para una reconstrucción que el gobierno estimó en 48 mil millones de pesos no fueron transparentados ni se supo su destino, según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación.
La aparente solución ante el uso político de los recursos públicos durante este tipo de tragedias fue la desaparición en 2021 del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. El gobierno federal concentró la entrega del dinero y según la subsecretaría de Hacienda, cuenta 18 mil millones de pesos en ahorros, y una línea presupuestal de 10 mil millones de pesos.
Pero nuevamente la falta de prevención aparece y la incapacidad para instrumentar un plan que apoye a las personas que más lo necesitan también porque en México pueden ocurrir mil tragedias, pero la peor es que viene detrás la rampante corrupción.
Ojalá por primera vez se instrumente un mecanismo estricto y eficiente de fiscalización de los recursos públicos y no se repita la historia de siempre.
SOTTO VOCE
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