Óscar Mario Beteta
Un ataque a un hospital en la Franja de Gaza ha puesto sobre la mesa el debate de las fallas, limitaciones y necesidad de reglas estrictas —y que verdaderamente se cumplan so pena de sanciones reales— sobre la intervención humanitaria y el derecho internacional.
En el nosocomio Al-Ahli había médicos, enfermeras, pacientes y civiles que se refugiaban en el lugar por considerarlo un sitio seguro. El bombardeo deja en claro que el derecho internacional ha sido rebasado.
Hemos sido testigos de crímenes de guerra a cargo del grupo extremista Hamás, que el 7 de octubre pasado orquestó un ataque sin precedentes contra Israel, causando la muerte de más de mil 300 personas, principalmente civiles, y secuestrando a 199 personas cuyo paradero todavía se desconoce.
Esto generó una agresiva respuesta por parte de Israel, que se instaló en la lógica de reducir a Hamás a polvo, lanzando ataques aéreos contra la Franja de Gaza, donde viven 2.3 millones de personas, con un saldo de al menos 3 mil muertos en apenas 11 días, expulsando de sus hogares a cerca de la mitad de los gazatíes e imponiendo un bloqueo total de alimentos, combustible y medicinas.
En este contexto, la comunidad internacional mira horrorizada cómo es que las reglas de la guerra y el derecho internacional humanitario que se han ido construyendo a lo largo de los siglos son rebasados e ignorados.
En la guerra entre Israel y Hamás poco importa la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada en 1948, después del amargo trago de la Segunda Guerra Mundial. El documento destaca que el progreso de la humanidad es incompatible con un estado de guerra como el que se vive en Medio Oriente y que se ha venido agravando con el paso de los años.
El conflicto también ignora el Convenio de Ginebra de 1949, que estableció las bases del derecho internacional humanitario al calificar como crimen de guerra a todo aquel ataque intencional en contra de civiles, trabajadores humanitarios como personal médico y de la Cruz Roja, por ejemplo, violencia sexual, deportación forzada y ataques a bienes y objetivos que no están militarmente justificados.
Estas regulaciones de buena fe entre las partes de una disputa armada entre naciones tienen su origen en el Código Lieber, impuesto por el presidente Abraham Lincoln durante la Guerra de Secesión estadounidense al Ejército de la Unión. El mandato instruía a instrumentar ataques sólo si eran necesarios para la guerra que sostenían contra los confederados.
Otro aspecto es la Cláusula Martes, del Convenio de La Haya de 1899, relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. La cláusula señala que el trato a civiles y combatientes debe darse bajo la civilidad.
Esos convenios marcaron, por decirlo de alguna manera, las reglas de la guerra, y son resultado de las horribles cicatrices que han dejado los conflictos bélicos a lo largo de la historia. Hasta para las guerras hay leyes, pero, como siempre, hay quienes las violan.
Ahora nos enfrentamos a un escenario en el que es imperativo que la comunidad internacional condene de manera unánime los crímenes de la yihad que encabezan los terroristas de Hamás y los ataques de Israel, que terminan afectando a la población civil.
Independientemente de los códigos, cláusulas y tratados, se antoja muy difícil que éstos se vayan a respetar para poder proteger a civiles.
Y aunque sería el momento de la diplomacia, esta es una guerra que está impulsada por todos los “ismos”: el antisemitismo, el fanatismo religioso, el extremismo, el racismo, la islamofobia. Todo lo anterior hace muy difícil que la razón, la civilidad y la política imperen sobre otros factores, pues lo único que prevalece es el odio.
SOTTO VOCE
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