La corrupción es un problema complejo y multifactorial, resultado de circunstancias históricas, políticas, económicas y culturales.
En nuestro país, pese a la narrativa oficial, es un fenómeno que continúa azotando a la sociedad en su conjunto, en un caldo de cultivo que incluye índices rampantes de impunidad, falta de legalidad, ausencia de transparencia, desigualdad económica, ausencia de valores, un sistema político desacreditado y un Poder Judicial débil y continuamente asediado.
En días pasados fue dado a conocer el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) versión 2023, a cargo de Americas Society/Council of the Americas y Control Risks. Esta es la quinta edición de este índice que tiene como propósito medir y calificar la capacidad de los países latinoamericanos de detectar, castigar y prevenir actos de corrupción.
Más que constituir una medida de los niveles percibidos de corrupción en cada país, este reporte evalúa y califica a la capacidad de los países latinoamericanos para combatir en forma efectiva al fenómeno de la corrupción.
El reporte toma en cuenta tres categorías principales: capacidad legal, democracia e instituciones políticas y sociedad civil, y medios de comunicación, con base en información extensa en la materia y un método de encuesta que se aplica entre expertos de los organismos involucrados, la academia, la asociación civil, los medios de comunicación y el sector privado en cada país, cubriendo quince países que en su conjunto representan el 96 por ciento del Producto Interno Bruto de la región.
Por primera vez desde el año 2020 el índice arroja una reducción en la calificación promedio de la región en su conjunto.
Este año, únicamente Guatemala, Bolivia y Venezuela se ubican por debajo de México. México y Guatemala son los únicos dos países de la región cuyas calificaciones han ido disminuyendo consistentemente cada año desde que el reporte se emitió por primera vez en 2019.
Nuestro país ocupa el último lugar de la región en materia de procesos legislativos y de gobierno y el penúltimo lugar en la medición de independencia y eficacia del Poder Judicial.
La baja de calificación más pronunciada de nuestro país se ubica en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. Vergonzosamente, el país cuenta con la tasa de violencia más alta en el mundo en contra de periodistas, con la única excepción de Ucrania. El presidente López Obrador, indica el reporte, continúa señalando en forma preocupante a periodistas y miembros de la sociedad civil que no apoyan las políticas de su administración, denostando y debilitando organismos independientes como el INE y el INAI, fundamentales en un sistema de pesos y contrapesos, de un equilibrio democrático y Estado de derecho.
El reporte también identifica como un caso de relevancia el tema de Segalmex en el que se ha denunciado una situación de uso indebido de recursos entre los años 2019 y 2021.
Para las elecciones presidenciales legislativas y de gobiernos locales a tener lugar en el mes de junio de 2024, la corrupción sigue siendo una de las preocupaciones mayúsculas en la mente de los votantes.
La lucha contra la corrupción requiere de un enfoque integral que aborde el problema desde diferentes ámbitos, como la educación, el civismo, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas y desde luego la participación ciudadana.
Es momento de hablar del elefante en el salón y trabajar en forma conjunta, exigiendo a los gobernantes (y quienes pretenden ocupar cargos de elección en los próximos comicios) acciones decididas para combatir el problema.
Es momento de poner manos a la obra y sentar las bases de un mejor país y una nueva cultura cívica de sus habitantes.
Es preciso pensar más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones.
Juan Carlos Machorro es abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.