Los propósitos del año que comienza deberían incluir en los primeros renglones ir recuperando lo perdido en materia de Estado de derecho.
Es el Estado de derecho no únicamente una condición sine qua non para el desarrollo integral de la persona y su convivencia en sociedad. Hablando de economía y negocios es también condición esencial para la atracción de inversiones productivas de largo plazo y la consecuente generación de empleo y desarrollo.
Nuestro país tiene la oportunidad de atraer inversiones productivas de largo plazo en el marco de este fenómeno pospandémico conocido como nearshoring.
Es esta una oportunidad invaluable que conlleva, sin embargo, retos considerables que pasan por necesidades de infraestructura y conectividad eficientes, energía (limpia) y, volviendo a nuestro tema, certidumbre jurídica y Estado de derecho.
Los riesgos cualitativos de un proyecto de inversión toman en cuenta, desde luego, aspectos relacionados con el respeto al marco jurídico y las reglas del juego, los derechos de propiedad, el respeto a las obligaciones contractuales y la posibilidad de hacer valer derechos ante una controversia en tribunales que expidan justicia expedita, completa e imparcial.
No es cosa menor que desde la cúspide del poder público se insista en prácticas que, cuando menos, aminoran la importancia de una cultura de cumplimiento de la ley y del respeto irrestricto a la división de poderes y la rendición de cuentas.
Ya en años recientes, nuestro país ha venido a la baja en la calificación de los componentes que integran el concepto del Estado de derecho o Rule of Law, que realizan distintas organizaciones, con mayor o menor grado de seriedad y método, incluyendo en el primer caso a World Justice Project (WJP), que anualmente emite su Índice de Estado de Derecho en el que nuestro país no ha salido bien librado en fechas recientes.
El último reporte de WJP presenta un retrato del Estado de derecho en 139 países, con base en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Los resultados se derivan de 138 mil encuestas, incluyendo 4 mil 200 encuestas entre abogados y practicantes del derecho alrededor del mundo, y las calificaciones de México dejan mucho que desear al ubicarnos con un resultado global de 0.43 y en el lugar regional 27 de 32 y un nada honroso lugar 113 de 139 países. Se destaca un evidente estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de derecho robusto, con cambios marginales en puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas, evidenciándose un debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción del espacio cívico en la mayoría del territorio nacional.
En materia de negocios, imagine usted, al continuar analizando este reporte, un inversionista que pretende ubicar recursos fuera de su país de origen; seguramente dicho inversionista pensará dos (o tres) veces antes de invertir recursos en un país cuya corrupción es rampante, cuyos derechos de propiedad no se encuentran claramente definidos ni son fácilmente defendibles ante tribunales, en el que los contratos no se respetan y las reglas del juego cambian al antojo del gobernante en turno. En el que el país se reinventa cada ciclo de gobierno y los proyectos se insertan en la agenda política más que en una agenda de desarrollo de largo plazo. ¿Le suena familiar?
La sociedad civil y la prensa se ubican en el reporte en comento como los contrapesos más efectivos del Poder Ejecutivo por encima del Poder Legislativo y el Poder Judicial, de organismos de fiscalización y control, de los debilitados organismos autónomos y las comisiones defensoras de derechos humanos.
La reciente designación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un respiro valioso pero no definitivo en la consecución y conservación de la autonomía, independencia y neutralidad que se espera del máximo tribunal de la nación y del sistema judicial en su conjunto.
El Poder Judicial está llamado a mantener la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de los jueces, a coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial y a lograr una justicia que dé respuesta y garantice la seguridad jurídica de los gobernados. Esperar que nuestro máximo tribunal defienda o apoye ideología o movimiento político alguno, por legítimo que éste se autoproclame, es demeritar siglos de avance en la materia.
El Poder Legislativo, por su parte, está llamado a impulsar un trabajo legislativo profesional, objetivo e institucional, analizando, debatiendo y aprobando leyes, más allá de una función de gestoría u oficialía de partes.
El país merece mucho más. Es la construcción del Estado de derecho, también, una tarea de todos, todos los días.