Paula Ramírez Höhne, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
Uno. La iniciativa de reforma político-electoral del Ejecutivo federal choca con las bases fundadoras de nuestra República democrática y federal. Hay que decirlo con sus letras: lo presentado, es una fórmula que intenta que los estados dejen de administrar y organizar sus propias elecciones, que carezcan de autoridades jurisdiccionales y que renuncien a sus facultades para determinar la dimensión de sus Congresos y la composición de sus ayuntamientos. Es mi deber exhibir las consecuencias que esta fórmula tendría, por ejemplo, en Jalisco: si, como plantea la reforma, los municipios con población menor a 60 mil habitantes tendrán una regiduría, en 105 de los 125 municipios estarán integrados por una persona, cancelando pluralidad, contrapeso y todo equilibrio político.
La extinción de la institucionalidad electoral local, la centralización de sus funciones, el establecimiento de una ley única para todo el territorio nacional, y el planteamiento de fijar una fórmula exclusiva para determinar el número de diputaciones locales y regidurías, hacen que esta iniciativa anule las facultades para organizar el régimen interior en los estados, en contradicción con lo que manda explícitamente la Constitución.
Dos. Fue gracias a nuestro federalismo y nuestra vida política local, que se escenificaron las primeras alternancias políticas en el país, tanto en los ejecutivos como en la composición de los legislativos. Un dato: desde el 2014, la alternancia para gobernador ha ocurrido en el 70 por ciento de los casos. ¿Hay un síntoma más claro de imparcialidad, profesionalismo y pulcritud en el trabajo electoral local? Una pregunta más: ¿es cierto que los OPLE duplicamos funciones? No lo es. Y aquí los datos vuelven a ser muy elocuentes: en 2021, el INE registró en la elección federal 3 mil 478 candidaturas para la renovación del Poder Legislativo. ¿Cuántos registramos los 15 estados donde organizamos elecciones? Más de 257 mil candidaturas.
Cómputos: el INE los hizo para 500 curules, mientras que los estados hicimos cómputos para 19 mil 272 cargos. Quejas: el INE atendió e instruyó 180; los OPLE, 9 mil 47. Esa sola cifra, expresa la intensidad de la vida política local, imposible de reflejar y administrar desde una institución central, tan distante de la política local.
Y un ejemplo más: el INE instaló con legalidad y consenso, 300 consejos distritales, mientras que en las 15 entidades con elección, se instalaron 2 mil 225 órganos colegiados ciudadanos, aprobados también por el consenso de todos los partidos políticos.
Estamos pues, ante uno de los grandes equívocos de la propuesta de reforma: suprimir instituciones no desaparece los deberes, las obligaciones, y solo supondrá trasladarlas hacia un órgano central descomunal, que de todos modos tendría que realizar el gasto que hoy hacemos los organismos locales, para cumplir esas funciones.
¿Reducir diputaciones, consejos ciudadanos, cabildos, debates entre candidatos y candidatas, ciudadanos protegiendo el voto de sus vecinos? Es reducir también, nuestra vida democrática.
Tres. La función electoral no es un trabajo que pueda improvisarse, que pueda ser aprendido en semanas, ni en unos cuantos meses. Se necesita especialización legal, experiencia técnica, calificación, vigilancia y una vocación especial, para resistir presiones, a favor de la imparcialidad, frente al partido que sea.
Nuestro régimen federal constitucional ha garantizado su tarea principal: la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones locales, y con ello, la estabilidad política y social de toda la nación. Más de 55 mil cargos locales (entre ellos 55 gubernaturas) han sido electos bajo el manto de nuestro sistema electoral.
Por eso, la de los OPLE no es una defensa corporativa, de conveniencia, o instrumental, sino que defendemos la certeza, la confianza demostrada en elecciones aceptadas por todos y, principalmente, defendemos los valores y principios que expresa nuestra Constitución.