Creo ya haberlo mencionado, pero es importante hacer énfasis en ello, el Estado de derecho es una de las cláusulas fundamentales de un Estado constitucional y democrático como es el nuestro, incluso habíamos hecho referencia que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, éste se puede concebir como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente.
Es por ello que buena parte de los estudiosos en este tema destacan que, para la existencia del Estado de derecho, se requieren ciertos elementos cardinales, como es la existencia de un ordenamiento jurídico jerárquicamente estructurado, al que se encuentre sometida la actuación estatal y en el que se reconozcan y garanticen los derechos fundamentales de las personas, además de que cuente con la existencia de medios idóneos para la defensa de dichos derechos y esquemas de resarcimiento ante la posibilidad de un daño por una actuación irregular del Estado.
Es tan importante este principio en la configuración y estructura estatal que, si no existieran políticas constantes y adecuadas para su desarrollo y fortalecimiento, dejaría de garantizar aquellos aspectos que justificaron su razón de ser, como es el caso de la generación de condiciones de igualdad y seguridad jurídicas, de orden y paz públicas y de impartición de justicia en caso de controversias entre particulares o excesos en el ejercicio del poder público.
Es por esto último que resultan preocupantes muchas de las noticias de las que vamos tomando nota recientemente. A guisa de ejemplo tenemos el cruel linchamiento que sufrió un joven mexicano llamado Daniel Picazo, tras ser agredido tumultuariamente por vecinos de la comunidad de Papatlazolco (Huauchinango) en Puebla, la cobardía de las muchedumbres, incluso alguien podría decirme que no es algo nuevo, que ya hemos tomado conocimiento de otros eventos similares y tendría razón en esa apreciación, pero eso mismo es lo que resulta crítico, parece ser que nos estamos acostumbrando a ello, lo empezamos a ver como algo habitual.
Lo peor de este acontecimiento es que ya no sirvieron credenciales ni identificaciones del muchacho, ni tampoco las fuerzas de seguridad, que dieron testimonio de este acto de barbarie colectiva sin buscar detenerla, pero eso sí, días después se realizan cateos y se detienen a cinco personas, y con ello se busca cerrar el caso y acallar a la opinión pública, como si con estos cinco chivos expiatorios fueran saldadas las cuentas de todos los demás que participaron.
Este tipo de fenómenos son a los que nos enfrentamos cuando la ciudadanía ha perdido la confianza en las fuerzas del orden, cuando las instituciones ya no representan nada, cuando la idea del pacto social que justifica y da razón de ser al Estado se resquebraja, es un claro ejemplo del agotamiento y el miedo social que, alimentado por la desesperación, los prejuicios, los resentimientos y la paranoia colectiva, nos pueden llevar a extremos que pienso que nadie quiere transitar.
Otros ejemplos de estos breves pero importantes resquebrajamientos al pacto social son los paros, cada vez más frecuentes, ante la desaparición de personas hasta ahora poniendo el foco en mujeres jóvenes, pero si observamos las redes sociales nos percataremos de la enorme cantidad de niños y hombres que también desaparecen sin dejar pista. Las caravanas de miembros del crimen organizado que, con toda ostentación e impunidad, entran y salen de poblados y ciudades haciendo de la paz pública una narrativa más que una realidad. Pensemos en los casos de Debanhi Escobar en Monterrey o del grupo de motociclistas armados que aterraron el lunes pasado por horas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, solamente por poner dos pequeños ejemplos tristemente cotidianos.
No es mi intención causarle depresión con estos comentarios, simplemente quiero poner de manifiesto que estos acontecimientos pueden verse separados y aislados, pero responden a un fenómeno que no ha hecho más que crecer en estos últimos años, me refiero al de la impunidad.
Este fenómeno que consiste básicamente en la incapacidad del Estado ya sea por incompetencia, por falta de infraestructura, por falta de voluntad política o por colusión, para sancionar, castigar o inhibir conductas que resultan claramente ilícitas, pero que el infractor realiza de manera reiterada, debido a que sabe de antemano que no habrá consecuencias jurídicas con motivo de su comportamiento o que el riesgo de sufrirlas es muy bajo, lo que nos ha llevado a una espiral de violencia irrefrenable.
Hace algunos días escuchaba a nuestro presidente insistir en la política de abrazos no balazos, de la no confrontación, de atender las causas que generan estos fenómenos y no los efectos. Sin embargo, esta visión no ha mostrado otra cosa más que su evidente fracaso, no por nada el citado Índice de Estado de Derecho 2020-2021, del World Justice Project, que toma como base diversos indicadores como los límites al poder público, combate a la corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, reforzamiento en el cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal, ha mostrado un estancamiento de nuestro país en los últimos niveles de la tabla, toda vez que en 2018 fuimos el lugar 92 de 113 países; en 2019, el 99 de 126; y para 2020 ocupamos el lugar 104 de un total de 128 países, circunstancia que no puede calificarse como un avance para esta administración y que tampoco puede dejarse recaer en el fantasma de las administraciones pasadas. Ya hay ciertos costos que debemos aprender a asumir por lo que no se ha hecho bien en el presente.
En este sentido, es necesario tomar medidas para fortalecer el Estado de derecho en nuestro país, para fortalecer nuestras instituciones y aplicar nuestro marco jurídico con todas sus consecuencias, es decir, terminar con la impunidad, no digo que no deban implementarse políticas que atiendan las causas de la violencia y el crimen organizado, en este rubro el presidente tiene la razón, habrá que ver dónde sitúa esas causas y cuáles son las medidas que toma para atenderlas, porque tampoco todas las medidas son constructivas, pensando en que solamente se esté refiriendo a su atención mediante programas de orden asistencial.
Finalmente, el pasado 20 de mayo se publicó por la misma organización el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2021-2022, que analizó a las 32 entidades federativas de nuestro país en rubros similares al estudio previo, destacando que Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa ocupan las primeras cinco posiciones, mientras que Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero ocupan las cinco últimas de la tabla, no abundaré más, lo invito a que revise el documento, no tiene desperdicio.
