*Por Sergio Chagoya Díaz, experto en inversiones y asesoramiento de empresas en materias corporativa y regulatoria y doctor en Derecho, socio del despacho Santamarina y Steta.
La presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), por parte del Gobierno Federal, puede llegar a paliar el fenómeno inflacionario que atraviesa México -y buena parte del mundo-, detonado por la guerra de Rusia en Ucrania, pero es importante destacar que mientras los decretos del Ejecutivo Federal y las dependencias competentes, no terminen de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador no puede cantar victoria.
Si tales soluciones propuestas desde el Poder Ejecutivo, no están bien fundamentadas y sustentadas en la Constitución y la legislación específica, podrían impugnarse o plantearse mecanismos de defensa legal en contra de dicho PACIC. En la parte jurídica, la administración federal tiene áreas de mejora en su fundamentación e implementación, sin olvidar que el Estado de derecho incluye también a la economía.
Tomemos en cuenta que antes del cambio de régimen político, en esta clase de acuerdos entre gobierno e iniciativa privada, así como sectores sociales, el clima era de pro-diálogo, pero hoy las condiciones no son propicias y positivas, sino que hay crispación y encono hacia el sector empresarial lo que se traduce en falta de confianza y de soporte político.
Las medidas que se anunciaron tienden a hacer frente al nuevo entorno económico mundial que luce complicado. En nuestro país ha afectado mucho los bolsillos de los mexicanos por el encarecimiento de los productos. Por eso, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente López Obrador se ha propuesto contener el alza de precios en la canasta básica, así como implementar ciertas medidas económicas en los próximos meses.
Con el PACIC, busca asegurar el abasto de bienes y servicios, que haya precios justos y que se mantenga la autosuficiencia alimentaria. También le apuesta a la producción de alimentos, aplicar la exención de la Carta Porte -un instrumento mercantil valioso-, congelar los peajes, las tarifas ferroviarias, reducir los costos del despacho aduanal, agilizar la carga en puertos marítimos y aplicar arancel cero en ciertos insumos importados. Todo este conjunto de medidas económicas deben estar fundamentadas en la normativa constitucional vigente, concretamente en los artículos 25 y 28 de nuestra Carta Magna, los cuales establecen nuestro régimen mixto, así como la rectoría del Estado en materia económica y la prohibición del acaparamiento y la monopolización que afectan la libre formación de precios de los productos y servicios, preceptos constitucionales esenciales dentro de nuestro Derecho Constitucional Económico.
Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica ampara las decisiones del Presidente de México, en la fijación de precios máximos, mismos que deberán tener la declaratoria previa de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como órgano constitucional autónomo.
Para cumplir con el marco legal no basta simplemente con anunciar medidas a favor de los consumidores, sino que el PACIC debe observar los principios de legalidad y certeza jurídica, analizarse, fundamentarse y motivarse, porque es delicado que el gobierno intervenga en los ciclos económicos y en los distintos sectores, actividades e industrias que contempla el PACIC.
Es importante subrayar que López Obrador pretende sumar a la IP en el PACIC. Los pactos de los años 90 y aún otros de sexenios recientes, tienen fundamento constitucional, pero más allá de eso, se sostienen por el consenso político y un buen diálogo entre los tres sectores económicos normados constitucionalmente, toda vez que la Carta Magna prevé un régimen mixto de los sectores privado, social y público, pero no una economía totalmente controlada y dirigida por el Estado.
La intervención directa del gobierno en la actividad económica, debe tener un carácter extraordinario y transitorio. Además, es vital y abona a nuestra democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho, que el Poder Ejecutivo no interfiera y deje actuar tanto a la Cofece, como a otro órgano autónomo, como es el Banco de México, cuyo objetivo prioritario constitucional es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Asimismo, la Junta de Gobierno de nuestro Banco Central, debe seguir regulando sin obstrucciones, la acuñación de moneda y la emisión de billetes, esto es, la masa monetaria que necesita el país; así como decidir sobre las tasas de interés, para que en conjunto con las medidas del PACIC, sean los instrumentos de política pública y monetaria para enfrentar este grave problema inflacionario y de escalada de precios que afectan a nuestro peso mexicano y la economía de los hogares y empresas de nuestro país.