Luis Felipe Muñoz, socio de Impuestos Internacionales en PwC México
Hoy en día, hablar sobre los desafíos medioambientales que enfrentamos como humanidad es inevitable. Estos suponen riesgos para la estabilidad económica, social y política de todos los países.
La cooperación internacional ha promovido un marco regulatorio que incentive políticas públicas para mitigar o adaptarse a los efectos del cambio climático y/o los daños a la biodiversidad en la última década. Como respuesta, el Gobierno mexicano ha implementado diversas medidas, entre las que se destacan las fiscales, para atender esta situación. Dichas medidas son conocidas como impuestos verdes.
Qué son los impuestos verdes
Los impuestos verdes gravan a las personas físicas o jurídicas que hayan incurrido en actos que impacten dañinamente al medioambiente o que pretendan realizar actividades con potencial de causar tales afectaciones, principalmente en el uso de ciertos combustibles, extracción y aprovechamiento del suelo, descarga de aguas residuales o la emisión de gases de efecto invernadero.
En México, los impuestos verdes son de carácter federal y estatal, con mayor ponderación en este último, ya que 11 entidades federativas cuentan con uno o más impuestos verdes. Recientemente, publicamos una guía en la que detallamos en qué entidades se aplican estos impuestos y en qué consisten.
Aunque el panorama fiscal en el país ha sido más diligente para los grandes contribuyentes, no debemos dejar de lado que las políticas fiscales pueden ser incentivos para el desarrollo sostenible y alentar a las empresas a tomar decisiones más ecológicas. Por ejemplo, un estudio del Climate Investment Funds y el Banco Mundial indica que las políticas fiscales pueden ser una herramienta poderosa para ayudar a los gobiernos a reducir la deforestación, la degradación forestal y promover la sostenibilidad de los bosques.
Cómo establecer un cumplimiento exitoso
Las empresas tendrán que preparar un plan para revisar sus obligaciones administrativas para saber en qué entidades donde operan podrían estar sujetas al pago de un impuesto verde y, más aún, conocer cuáles de sus actividades podrían considerarse dañinas para el medio ambiente.
Los líderes de la organización, encabezados por su Consejo de Administración, deberán definir una estrategia que contemple criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, es decir, ESG, pues las empresas que transiten hacia un modelo de negocios sustentable estarán mejor preparadas para afrontar los aspectos regulatorios en el corto y mediano plazos.
Una estrategia ESG permite a las empresas redefinir sus procesos y cadenas de suministro para reducir su impacto medioambiental. No solo se trata de minimizar la carga tributaria sino de incentivar mejores prácticas que protejan a los ecosistemas donde operan las empresas.
Además, se debe diseñar una estrategia que identifique las obligaciones medioambientales por entidad federativa y realizar un análisis técnico ambiental que pueda establecer áreas de oportunidad para prevenir la contaminación y mitigar el impacto ambiental.
Los impuestos verdes pueden ser un incentivo para generar un círculo virtuoso entre empresas, sociedad y gobierno porque incentivaría a mejores prácticas sustentables que generen nuevo valor financiero y no financiero para las organizaciones y, a su vez, tendría un impacto positivo en la comunidad donde opera, así como mayor capacidad para los gobiernos de implementar políticas públicas a favor del medioambiente.