Por Juan Manuel Otero Varela, Profesor investigador de la Facultad de Derecho Universidad Panamericana.
En las últimas semanas se libró una buena batalla política en nuestro país con motivo del proyecto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuya iniciativa corrió a cargo del presidente López Obrador, un proyecto que buscaba dar marcha atrás a las modificaciones generadas, en buena medida, durante la administración anterior.
Esta batalla política ha tenido golpes mediáticos diversos, por un lado resalta el triunfo de la oposición en el Pleno de la Cámara de Diputados, con 223 votos en contra y 275 votos a favor, fue rechazada en lo general la iniciativa de reforma eléctrica, que manda un mensaje claro al titular del Ejecutivo y a la fuerza política dominante, en el sentido de que tendrá que hacerse un ejercicio político y de consensos mucho más amplio para poder reformar el texto constitucional en futuras ocasiones, lo que puede contribuir a fortalecer el ejercicio democrático del país.
Otros golpes mediáticos que sería necesario tocar, aunque no lo haré en este espacio, es el de la narrativa de odio a todos aquellos legisladores que votaron en contra del proyecto de referencia, parecida a aquella que algunos políticos afines al presidente esgrimieron en contra de aquellos ciudadanos que se abstuvieron de participar o votaron a favor en la consulta de revocación de mandato, un discurso que forma parte de una estrategia política que al presidente siempre le ha salido muy bien y le ha dado buenos frutos, no solamente como distractor sino también como propaganda. También podría hablarse de la confusión e incertidumbre, además de la percepción que recae en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la forma de contar los votos, por los que se desestimó el jueves pasado la acción de inconstitucionalidad promovida por algunos legisladores en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo del año pasado.
El día de hoy me centraré en la respuesta optativa del presidente, pues como ya sabemos, un día después de la no aprobación de su proyecto de reforma constitucional, fue presentado un proyecto de reformas a la Ley Minera a iniciativa del propio ejecutivo, para declarar de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, dejando estas actividades directa y exclusivamente a cargo del estado mexicano, a través de un organismo público descentralizado que será creado para tales efectos, además de prohibir expresamente el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia.
El proceso legislativo para la aprobación de esta reforma no requiere de los consensos que se demandaban para la reforma constitucional, por lo que Morena, como fuerza política mayoritaria en la Cámara de Diputados, dispensó de todos los trámites naturales del proceso y se procedió inmediatamente a su discusión, votación y aprobación.
De esta reforma habría que comentar que, desde el punto de vista eminentemente jurídico, se advierte innecesario establecer esta exclusividad del estado mexicano respecto del litio, en virtud de que ya el propio texto constitucional confiere en favor de la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides. Cabe destacar que el litio es un metal blando, por lo que encuadra perfectamente con los términos descritos en el texto constitucional y, consecuentemente, es un bien de dominio público que tiene como características que es inalienable e imprescriptible.
Al ser el litio un bien de dominio público corresponde al estado mexicano su explotación, uso o aprovechamiento de primera mano y la posibilidad de otorgar concesiones, permisos, licencias o incluso contratos sobre este tipo de bienes es potestativa para el Estado, esto quiere decir que su otorgamiento se encuentra supeditado a que el ejecutivo determine oportuna tal circunstancia, por lo que aun sin la modificación propuesta podrían haberse obtenido los mismos resultados que busca el presidente López Obrador, ya que correspondería a la Secretaría de Economía autorizar y otorgar dichos títulos.
La reforma se podría justificar, entonces, por la creación de este nuevo organismo que se encargará aparentemente de todo el proceso productivo del litio. En este tema dejo algunas interrogantes, por ejemplo, de dónde saldrán los recursos presupuestarios para su creación porque su coordinadora de sector, pensando que sea la Secretaría de Economía que es la que cuenta con las atribuciones en materia minera, se encuentra un poco deteriorada presupuestariamente hablando y, otro planteamiento relacionado con este mismo tema es, cuántos recursos presupuestarios se necesitarían ya no para constituir este ente, sino para operarlo, es decir, para invertir en la exploración, la infraestructura para su explotación en términos generales, sin pensar en otros tramos de la cadena productiva, no creo que haya presupuesto que aguante esto, por lo menos no en un tiempo cercano y en nuestras condiciones económicas actuales.
En este sentido, pienso que es un tanto incomprensible haberse cortado de tajo la posibilidad de acudir a esquemas de coparticipación con el sector privado para el financiamiento de la explotación del litio, dejando de lado que al ser recursos propiedad de la Nación, podrían haberse regulado condiciones que aportaran ventajas económicas, técnicas y de transferencia de tecnología muy útiles en estos casos, sin tener que realizar el esfuerzo financiero que ahora supondrá dicha explotación, toda vez que fuera del destino de recursos fiscales -cada vez más escasos- para el financiamiento de estos proyectos, nos quedaría acudir a esquemas de financiamiento mediante deuda pública para poder sufragarlos.
En fin, el eterno debate entre dos narrativas aparentemente contradictorias pero que no deberían serlo, el nacionalismo y la soberanía expresada en este caso en la determinación de la política acerca de la forma en la que se realizará la explotación de determinados bienes propiedad de la Nación no deberían estar confrontados con la eficiencia, la búsqueda de mecanismos que representen mejores rendimientos sociales, tecnológicos y financieros, que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos de manera oportuna, eficaz, transparente y con el menor desgaste económico posible, ya la historia nos dirá cómo nos fue con esta decisión.