Javier Guzmán Calafell*
La necesidad de alcanzar tasas de crecimiento económico adecuadas ha sido durante muchos años motivo de preocupación en México. De 1990 a 2020, el PIB registró una expansión promedio anual de solo 2.2 por ciento y el problema se ha agudizado con los años. El crecimiento del PIB se redujo de una cifra anual de 3.5 por ciento en los noventas a alrededor de 2.0 por ciento en las dos primeras décadas de este siglo, sin considerar el colapso de la producción derivado de la pandemia.
¿Cuáles son las razones de este desempeño? A raíz de las contribuciones seminales de Robert Solow y Trevor W. Swan, la desagregación de los determinantes del crecimiento económico en los factores de producción (capital, mano de obra y otros materiales) y la eficiencia con la que son usados (es decir, la productividad total de los factores) se ha convertido en una práctica estándar.
Obviamente, la evolución de la mano de obra no ha representado una limitante en el caso de México. Por el contrario, el país ha disfrutado de un dividendo demográfico cuyos beneficios, desafortunadamente, han sido absorbidos en buena medida, a través de flujos migratorios, por Estados Unidos.
Así, el bajo crecimiento económico es explicado, en parte, por una inversión insuficiente. La tendencia descendente que había mostrado durante varios años el cociente de inversión a PIB empeoró en 2019, disminuyendo a solo 19.3 por ciento (y a 17.3 por ciento en 2020, aunque como resultado de la pandemia). Dicha cifra se compara desfavorablemente con las observadas en las economías emergentes de rápido crecimiento e incluso en muchos países de bajos ingresos.
Además, en un contexto de preocupación por aspectos tales como la inseguridad, el Estado de derecho, incertidumbre política, corrupción y la disponibilidad de fuentes de energía limpias y de precios competitivos, las perspectivas para la inversión privada no son alentadoras. Por su parte, la inversión pública está acotada por una baja base de ingresos gubernamentales y por los retos que enfrentan las finanzas públicas, entre otros motivos por la situación financiera de Pemex.
El desempeño de la productividad total de los factores (PTF) ha sido aún peor. Según estimaciones recientes del INEGI, en tanto que la inversión hizo una contribución promedio anual al crecimiento del PIB de alrededor de 1.3 por ciento durante el periodo 1991-2020, la cifra para la PTF fue negativa (-0.5 por ciento). Frente a esta evidencia, la famosa frase del premio nobel estadounidense Paul Krugman de que “…la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”, pareciera una broma cruel en el caso de México.
Es difícil ser optimista respecto de la evolución futura de la productividad en nuestro país. Más allá de las oportunidades abiertas a raíz de la renegociación del acuerdo comercial de Norteamérica, especialmente después de la pandemia, en los últimos años no se han puesto en marcha acciones de relevancia para impulsar el crecimiento de la productividad.
De hecho, persisten los problemas observados desde hace mucho tiempo, varios de los esfuerzos realizados para impulsar la productividad han sido revertidos o debilitados (como en los sectores educativo y energético, y en el marco institucional), y la asignación del gasto público discrecional es incompatible con una mayor productividad. El problema puede verse agravado si, como es de esperarse, la pandemia tiene un efecto neto negativo en la productividad.
En presencia de tendencias preocupantes tanto para la inversión como para la productividad, el ya bajo crecimiento potencial de la economía seguramente se está contrayendo.
Este entorno tiene implicaciones de relevancia para la política monetaria. Por ejemplo, la estimación del grado de holgura en la economía, es decir la brecha del producto, se complica aún más bajo condiciones de disminución del crecimiento potencial. En otras palabras, la brecha puede ser menor y cerrarse más rápidamente de lo previsto. Al respecto, se ha argumentado que el episodio inflacionario de los setenta y los ochenta en Estados Unidos resultó de no tomar en cuenta que la disminución de la productividad estaba reduciendo el crecimiento potencial. Esto llevó a la sobreestimación de la capacidad ociosa y a errores en el manejo de la política monetaria.
Los agresivos incrementos al salario mínimo observados en los últimos años en México proporcionan un segundo ejemplo. Durante el periodo 2019-2022, los salarios mínimos registraron un aumento acumulado de 95 por ciento. Aunque el impacto de ajustes al salario mínimo sobre otros salarios no es totalmente claro, es importante considerar que los costos laborales unitarios (es decir, los salarios ajustados por la productividad) para el total de la economía se han incrementado fuertemente en los últimos 3 años. Por tanto, no se deben subestimar los riesgos para la inflación y el empleo de una evolución de los salarios mínimos incompatible con la trayectoria de la productividad.
De las anteriores reflexiones resulta evidente que, además del impacto adverso de la pandemia en la inflación y el crecimiento, y del panorama de alzas de las tasas de interés internacionales en los próximos meses, la política monetaria en México deberá considerar los retos derivados de la preocupante evolución de la inversión y la productividad. Las perspectivas de largo plazo para el crecimiento son sombrías, y el riesgo de una inflación relativamente elevada inclusive después de que la crisis sanitaria se disipe es considerable. Sin embargo, el tema central es de una naturaleza más amplia: en ausencia de medidas fundamentales para fortalecer la inversión y la productividad, los costos económicos y sociales para México serán elevados.
*El autor fue subgobernador del Banco de México