Secretaria de Administración y Finanzas de Ciudad de México
Nuestro país se encuentra en los últimos meses en un estado de anomalía fiscal y distributiva que debe ser corregida. Me explico.
Después de una decisión judicial (una suspensión otorgada por un ministro de la Suprema Corte, a solicitud del gobierno del Estado de México), el reparto de las participaciones federales a todas las entidades del país se alteró: con dicha decisión judicial para 30 estados y la Ciudad de México se deben considerar los resultados del último Censo de población y vivienda 2020 del INEGI; pero para el Estado de México, no.
Suena irracional y lo es, pues lo que se ataca es un dato, una cifra estadística y demográfica: la población mexicana que captó el nuevo Censo y que impacta los cálculos de la fórmula que distribuye los recursos federales entre las entidades.
Esta es la primera anomalía. La Federación tiene procedimientos establecidos para distribuir los fondos de recursos federales con regularidad, con transparencia y con un sentido de equidad que obedece, sobre todo, a la variable demográfica. Es decir, a la dinámica cambiante de nuestra población en el territorio nacional.
Son fórmulas que son conocidas por todos y que han sido utilizadas invariablemente por la Secretaría de Hacienda. A esas fórmulas nos hemos atenido los distintos gobiernos a lo largo de los años y de los sexenios como parte del pacto fiscal, respetando el acuerdo, respetando la ley y respetándonos todos los gobiernos de las entidades.
Si hay diferencias o desacuerdos, existen instancias para dirimirlas dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En primer lugar, está el Pleno de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y en un plano más técnico, contamos con el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones. Y, sin embargo, esas instancias fueron simplemente ignoradas y en su lugar, se decidió entablar un pleito judicial.
En segundo lugar, las fórmulas del reparto y los datos que las alimentan tiene un claro sentido demográfico: se trata de otorgar recursos para atender personas, seres humanos, para financiar sus derechos, para garantizar servicios esenciales de la mejor manera y de la forma más justa. Por eso, las fórmulas responden al crecimiento y a los movimientos de la población como determinante fundamental.
Nuestra demografía se mueve por múltiples razones y el instrumento más importante con el que cuenta cualquier país, son sus censos de población y vivienda. En esta ocasión constatamos un crecimiento sustancial de diversas entidades: Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur entre otros.
Por eso, hoy sabemos que Ciudad de México modificó una tendencia, que prevaleció durante toda la década pasada y que ahora se invierte para sumar 358 mil 864 nuevos habitantes en relación a lo captado en el censo de 2010. Esto modifica necesariamente los cálculos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que ha de reflejar −a su vez− los cambios en la fórmula de distribución de recursos.
Enfatizo este punto porque durante más de una década, la Ciudad de México recibía menos participaciones, proporcionales por la trayectoria a la baja de su población, y a pesar de eso, si bien cuestionando la forma en que se reflejaba el dato en la fórmula de reparto, la capital del país respetó este acuerdo sin negar la realidad poblacional, porque respetamos la coordinación fiscal.
Lo que resulta inconcebible e inadmisible, es que ahora se pretenda que la fórmula ignore los datos del Censo, que no son otra cosa que los datos de la realidad del país, los datos de su geografía humana más básica.
En tercer lugar, por si fuera poco, el proceso jurídico ha estado lleno de otras tantas anomalías: el recurso interpuesto fue presentado fuera de los plazos legales; su contenido no tiene que ver con la Constitución, sino con una fórmula técnica, demográfica y estadística y por eso tuvo que ser convertido −de modo artificial− en un litigio constitucional; de ese modo extralógico, las resoluciones emitidas en el litigio, están alterando y desfigurando la distribución de los recursos públicos en contra de otras 31 entidades y crea un estado de excepción exclusivo para una sola entidad.
Un juego de suma cero con un único beneficiario. Tan solo en agosto de este año, estimamos que la entidad promovente del juicio obtuvo 286 millones de pesos adicionales a raíz de esta distorsión, mismos que se distribuyeron en pérdidas netas entre las 31 entidades federativas restantes, con los mayores impactos en la Ciudad de México (-36 millones de pesos), Jalisco (-24 millones de pesos), Veracruz (-20 millones de pesos) y Nuevo León (-18 millones de pesos). Todo lo cual provoca una violación a los principios constitucionales de proporcionalidad distributiva y trato equitativo a las entidades de la República y coloca en un paréntesis a la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal.
De esa suerte, en estos momentos, todo el país padece una anomalía fiscal provocada por una ficción jurídica.
Es exigencia de mínima coherencia atenerse a las reglas que nos hemos dado y que hemos aceptado todos, lealmente, con el resto de las entidades de la nación. Y es eso precisamente lo que queremos plantear: coherencia y lealtad con las normas.
La Ciudad de México ha expuesto todo esto en la instancia debida: el Pleno de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y hemos subrayado que nuestro gobierno se debe a su gente y que es por ella por quienes hacemos este llamado a la conciliación y al respeto.
Cuando hablamos de los recursos fiscales y de las participaciones federales, hablamos necesariamente de personas que esperan ser atendidas. Demografía, personas de carne y hueso que, a su vez, esperan de nosotros trabajo, diálogo, cooperación y buena fe. Componentes indispensables del pacto fiscal y federal.