Colaborador Invitado

Contratación pública directa… ¿y la transparencia?

Es necesario revisar la política en materia de contratación pública, para hacerla un instrumento eficaz y transparente.

Imagine usted que es propietario de un pequeño negocio, se encuentra constituido legalmente, paga impuestos, el IMSS, salarios, rentas, servicios, etcétera. Una parte importante de sus ingresos proviene de la venta de insumos al gobierno federal, que cada año publica una convocatoria para licitar su adquisición, sin embargo, este año, al igual que los dos anteriores, se encuentra con la noticia de que se ha realizado un procedimiento de adjudicación directa para otorgar un contrato por este tipo de bienes.

A pesar de estar registrado como proveedor del gobierno, no ha sido considerado ni siquiera para solicitarle una cotización, por tercer año consecutivo ha perdido esta oportunidad de negocio y con la cuarentena, ha tenido que liquidar a una buena parte de su personal y reducir jornadas de trabajo del restante. Ha buscado inconformarse, pero la ley de la materia no admite inconformidades en contra de procedimientos de adjudicación directa, tampoco sirve de mucho acudir al ámbito judicial, el criterio de esta instancia ha sido adverso en estos casos. ¿Le parece excesivo este panorama? ¿Usted qué haría? ¿Qué inconvenientes trae que el gobierno realice la mayoría de sus contratos mediante procedimientos de adjudicación directa?

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México deben administrar los recursos económicos de que dispongan bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Los ordenamientos legales derivados de este precepto constitucional tienen por objeto buscar el control eficiente y transparente del gasto público. De hecho, las leyes federales de contratación pública, al igual que el sistema electrónico de compras gubernamentales CompraNet, han hecho que México fuera reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el Informe de Prácticas en la Contratación Pública Local en Cinco Entidades Mexicanas, Éditions OCDE, Paris, 2015, como uno de los países más transparentes en la política de compras públicas, debido a la incorporación de las mejores prácticas de integridad en sus disposiciones.

De acuerdo con el informe final de Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de México MAPS 2018, auspiciado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en coordinación con la SFP, la SHCP, el INAI, el BID y la OCDE, aproximadamente entre 12 y 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países se encuentra destinado a la actividad contractual. En el caso de México, en 2015, el gasto gubernamental representó 27.9 por ciento del PIB y la contratación pública 21 por ciento de este gasto, lo que convierte a estos ordenamientos en una valiosa herramienta para el cumplimiento de diversos objetivos económicos y sociales.

Una adecuada política en materia de contratación pública puede incentivar la competencia y el desarrollo del sector productivo, generar un mayor número de empleos formales, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas e, incluso, buscar una participación más equitativa de la mujer en el entorno laboral o incorporar a otros sectores sociales que demandan mayores oportunidades de acceso a la vida productiva, como el caso de las personas con discapacidad. Es cierto que hay camino por hacer para el mejoramiento de las condiciones de vida y de equidad en la distribución de la riqueza, pero no puede negarse que se trata de una sinergia positiva.

No obstante, algo ha sucedido en nuestro actual sistema de contratación pública que no ha permitido que cumpla con sus objetivos fundamentales, que sea un instrumento eficaz, que haga honor en el campo de los hechos a esa integridad y transparencia que en el papel se ha ganado.

Tal parece que hay una falta de visión estratégica, el incremento desmedido de procedimientos de adjudicación directa son un ejemplo de ello, aun con la emergencia que supuso la pandemia del SARS-Covid-19, es una realidad que incluso previo a esta catástrofe se venía desarrollando. Según datos del Imco, en 2019 el porcentaje del monto por licitación pública disminuyó 12 puntos porcentuales, pasando de 58 por ciento en 2018 a 46 por ciento, por lo que puede decirse que hubo un aumento del uso de procesos de excepción en lugar de concursos abiertos, afectando la transparencia, la competencia y la libre concurrencia del sector productivo en detrimento de los objetivos del Estado, en virtud de que no siempre obtiene las mejores condiciones.

¿Qué hacer ante este panorama? ¿Qué deberíamos cambiar para potenciar a la contratación pública y hacerla una herramienta eficiente? No hay una respuesta única, y tampoco una sola problemática que atender, pero sí hay ciertas medidas que pueden instrumentarse para mejorar un poco la situación:

Una mejor planeación estatal, saber qué se va a contratar, cuándo y cómo, para evitar compras de manera emergente o mediante procedimientos de excepción. No todo es emergente, hay que definir bien el tipo de bienes o servicios y las circunstancias, fuera de ello todo se puede programar.

Redimensionar la política de contratación pública, entender que la competencia y la libre concurrencia no solamente permiten obtener las mejores condiciones, sino que también podrían fortalecerse otros aspectos de la agenda pública, como la generación de empleo y un mayor desarrollo económico en general. Finalmente, hay que destacar que la honestidad se demuestra poniendo a la vista del escrutinio público todo lo que se ha realizado, es decir, permitir que todos aquellos que lo deseen, puedan acceder a la información pública y revisar lo que se ha hecho y, sobre todo, cómo se ha hecho, eso se llama transparencia.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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