Por Sergio Hernández, Presidente y CEO de CIAL Dun & Bradstreet en México
Imaginemos que somos dueños de una compañía que lleva años trabajando con un proveedor que nunca ha fallado en sus obligaciones. ¿Qué sucedería si nos enteráramos que su principal accionista es dueño de una matriz en Inglaterra, con filiales en Brasil y Uruguay, involucradas en un escándalo de corrupción? Esto parece lejano como para afectar a nuestra empresa. Aquí radica la importancia del compliance. Este tema es relevante en América Latina, donde continuamente se aprueban regulaciones más estrictas en prevención de actividades ilícitas. Compliance va más allá de cumplir con normas y leyes, implica conocer y vigilar un clima de mercado en constante evolución, y realizar cambios para que un negocio continúe su operación sin riesgos regulatorios y con reputación sólida dentro de su industria. Éste es un concepto que abarca temas como corrupción, lavado de dinero, sobornos o financiamiento al terrorismo; además de las consecuencias que conllevan el involucramiento directo o indirecto en dichos delitos, que pueden acarrear desde multas, daño reputacional y sanciones penales para empresas y personas involucradas. La regulación y programas de compliance no son recientes. Comenzaron en la década de 1970, con la promulgación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) que obliga a las compañías estadounidenses al cumplimiento de regulación en materia de prácticas anticorrupción en cualquier negocio que éstas conduzcan, en el país que sea; hoy continúa en vigor. En el plano latinoamericano es común leer sobre escándalos de corrupción que han enfrentado gobiernos y empresas. No es casualidad que tres países de la región tengan puntuaciones mínimas en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2020, publicado por Transparencia Internacional. El peor ubicado es Venezuela, en la posición 176 de 180 y, el mejor, Uruguay, en el lugar 21. Estos indicadores demuestran que los programas de compliance en la región son una necesidad y no un lujo.
En México, lamentablemente, la corrupción está arraigada en la vida pública. La lucha por erradicarla ha sido bandera de gobiernos; sin embargo, el país ha retrocedido tres lugares desde 2012, en el IPC, a la posición 124. Esto indica que la legislación por sí misma no garantiza el éxito y necesita ser acompañada de un elemento extra.
Lo anterior deja en evidencia que los programas de compliance pueden encontrar un terreno fértil dentro de semejante contexto.
En la actualidad, vivimos en un mundo interconectado, con tecnologías de información y acceso que traen oportunidades y retos. Existe una carrera entre reguladores que buscan prevenir la corrupción y delitos financieros, contra delincuentes que encuentran en la tecnología medios creativos para obtener ventaja. En medio de ellos, empresas lícitas y éticas que pueden verse involucradas, con responsabilidad legal por acción, omisión o desconocimiento.
Estos retos requieren de la implementación de soluciones tecnológicas eficientes que verifiquen a entidades e individuos para tener seguridad de no asumir un riesgo de compliance, por virtud de hacer negocios con una contraparte poco confiable.
Por ello, es imprescindible contar con fuentes veraces de datos e información a nivel nacional e internacional que permitan realizar la identificación e investigación de contrapartes dentro de un marco legal y en cumplimiento de regulación de compliance, privacidad y datos personales.
Se dice que la información es poder. En el contexto de compliance, la información es seguridad.