Ante alrededor de 300 empresarios de Estados Unidos y México, reunidos por la American Society of México, Claudia Sheinbaum recordó los compromisos internacionales ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en los que se establecen límites a la generación de electricidad mediante el uso de combustibles fósiles. En ese sentido, dijo que “México tiene que acelerar su transición energética, no solamente para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, sino también para incorporarnos al mercado internacional, que es algo fundamental”.
Esta posición contrasta con las políticas que en materia energética se han seguido por la actual administración, en donde se ha limitado la participación del sector privado en ciertos proyectos y se ha apostado por fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Esta posición ha comprometido el futuro del país y ha impedido que avancemos en una transformación del sector energético. Lo que se requiere es transformar a Pemex y a CFE en empresas de energía multimodal.
En esa perspectiva se podría hacer uso de la experiencia Noruega que transformó su empresa Statoil ASA en una empresa de energía, denominándola Equinor. Las declaraciones de este lunes por parte de Claudia Sheinbaum parecieran ser un preámbulo para una transformación similar en el caso de México. En la reunión recordó los compromisos internacionales ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en los que se establecen límites a la generación de electricidad mediante el uso de combustibles fósiles. En ese sentido, dijo que “México tiene que acelerar su transición energética, no solamente para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, sino también para incorporarnos al mercado internacional, que es algo fundamental”. Señaló que la generación de electricidad en el país debe realizarse, por una parte, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por la otra, mediante la participación del sector privado, pero, con reglas claras.
Se estima que al día de hoy en México la energía proviene en 84.06 por ciento de hidrocarburos; el 1.85 por ciento, de la energía nuclear; el 2.83 por ciento, de carbón, y las renovables solo aportan el 11.25 por ciento. El reto es promover una transición para que en 2050 pudiéramos generar la mayor parte a través de energías renovables. Según los últimos datos oficiales en México hay 70 parques eólicos en operación en 15 estados de la República (Asociación Mexicana de Energía Eólica, 2023) y 63 fotovoltaicos en 20 entidades (Asociación Mexicana de Energía Solar, 2023).
Actualmente el estado de Coahuila posee la mayor cantidad de energía solar en México con la empresa Villanueva, con una producción anual de mil 700 GWh, en donde sus proyectos continúan desarrollándose, con mil megawatts en proceso y tres mil megawatts ya instalados en sus parques solares. A lo anterior se suma el gran proyecto de Puerto Peñasco, Sonora, en donde el gobierno mexicano ha instalado una central fotovoltaica, con más de 278 mil paneles en la expectativa de ser la más grande de América Latina. En esta perspectiva no partimos de cero, se han estado construyendo capacidades alternativas, que requieren ser reforzadas, para ello será necesario que la nueva administración acelere este proceso, ampliando las facilidades para que esto ocurra.
Este proceso requiere de certeza jurídica para que el sector privado pueda involucrarse en nuevos proyectos, es evidente que el cambio climático está afectando al país de manera negativa, los inviernos son cada vez más severos y los veranos cada vez más cálidos, y la temporada de lluvias cada vez más incierta, acompañada de ciclones cada vez más seguidos y de mayor intensidad. Esto ha desquiciado la vida cotidiana y afectado la base de sustento de gran parte de los agricultores del país. Pudiéramos decir que el cambio climático estará afectando la viabilidad productiva de grandes regiones del país, es un gran reto que esperemos que las diversas fuerzas políticas hayan comprometido la magnitud del reto y se actúe con la celeridad que requiere esta transformación energética, adecuando leyes y rediseñando el aparato gubernamental para hacerlo funcional al proyecto de la transición energética.