El próximo jueves se anunciará la propuesta de presupuesto de la Federación, la expectativa es que se mantenga la línea de austeridad que se ha implementado en la actual Administración y se dejen relegados los rubros destinados al bienestar social. Con este presupuesto se preparará el escenario para las elecciones de 2024 y se darán a conocer las pautas para enfrentar las restricciones productivas que derivan del conflicto Rusia-Ucrania.
El escenario internacional cambió sustancialmente entre finales de 2021 y el otoño de 2022, el mundo se volvió más conflictivo, por una parte, el escalamiento del conflicto en Europa prolongando una guerra sin sentido por más de siete meses, y por otra, la escalada contra la economía china, por parte de Estados Unidos. Todo esto indudablemente demanda que se asuma un papel más activo del Estado en la economía, es necesario que el presupuesto delinee una nueva política industrial, no sólo enmarcada en las respuestas al conflicto internacional para enfrentar la escasez de abastecimientos estratégicos, sino que es el momento de emprender una nueva política industrial que defina nuevas áreas de producción para enfrentar el terrible cambio climático, que hoy por hoy, se convierte en el principal peligro para la subsistencia. La preservación del medio ambiente demanda nuevas obras de infraestructura en diversas regiones del país e incentivar el recambio de uso de energías tradicionales por sustentables. Es momento de desplegar un presupuesto amplio para dar una nueva trayectoria al desarrollo industrial, en donde se combinen cambios en el aparato productivo, con un incentivo amplio a las tareas de investigación y desarrollo, ya que hoy el gasto en investigación y desarrollo es sólo de 0,30 porciento del PIB, de acuerdo al Banco Mundial; nos hemos rezagado frente a nuestros iguales, Brasil cuenta con 1,21 por ciento y la República de Corea, con 4,81. Esto se refleja en un menor nivel de competitividad de la industria mexicana, hemos aceptado un papel pasivo en el desarrollo de la tecnología, lo que reduce nuestro nivel de competitividad, forzando a que compitamos por bajos costos, lo que afecta negativamente la distribución del ingreso. Este recambio industrial por el que se clama es el que dará cobijo a un nuevo escenario de empleo en el país, uno que sea congruente con la nueva realidad laboral que ha impulsado la reforma laboral, sin el dinamismo de los agentes habremos cambiado en lo formal, pero no sabremos cómo acomodar a los nuevos agentes a una realidad dinámica. Se requiere que el Estado impulse el recambio tecnológico, hasta hoy se ha sumido en un papel pasivo dejando que sean los agentes los que se adapten a esta nueva realidad.
Esta realidad de lo productivo debiera verse acompañada en el presupuesto 2023 del establecimiento de un nuevo piso social básico, ya que hoy por hoy, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (pobreza laboral) a nivel nacional se situó en 38.3 por ciento en el segundo trimestre de 2022. Esto demanda el establecimiento de una restructuración de los aparatos del Estado que garanticen que toda la población tengo acceso a la canasta alimentaria y a instituciones de seguridad social. Se requiere, tal como lo plantea el Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, que toda la población tenga derecho en términos reales al desarrollo. El país requiere estar consciente que el sureste mexicano (Chiapas, Oaxaca y Guerrero), a pesar de los proyectos insignia de esta Administración, se mantienen con el mayor porcentaje (alrededor del 60 por ciento) de población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria. Es necesario repensar esta situación, requerimos hacer frente a esta situación.
El derecho al desarrollo ha sido atropellado por el concepto de la austeridad republicana, que ha cortado recursos a proyectos necesarios para la transformación del país, en esta perspectiva, el poder transformador del Estado ha quedado en entredicho y con ello, se ha negado el derecho al desarrollo a millones de personas. Como lo analiza Mark Blyth, profesor de la Universidad de Brown, en su libro Austeridad, este es un concepto peligroso de usar en momentos de emergencias económicas, ya que su aplicación puede resultar contraproducente y llevar a una profundización de la crisis como sucedió en la Gran Depresión. En el caso mexicano se ha utilizado en la crisis para contener el gasto público con efectos negativos sobre la producción, el empleo y el bienestar. Esto ha sucedido en nuestro país, esperamos que en este nuevo ejercicio presupuestal 2023 podamos ver la luz al final de túnel y que el concepto de austeridad se destierre para dar inicio a una nueva senda de desarrollo.