La construcción de una región dinámica en América Latina ha sido un sueño desde las guerras de independencia, sin embargo, las divergencias han pesado más que los elementos de cohesión. Sin embargo, con el triunfo de gobiernos democráticos, como el de Colombia, se renueva el entusiasmo por los procesos de convergencia del crecimiento y la perspectiva de mayores niveles de vida para toda la población. Es estimulante ver cómo el nuevo gobierno del presidente Petro ha planteado, como primer acto en materia económica, una reforma tributaria, que busca recaudar 26 billones de pesos adicionales en 2023, el 1,78% del PIB o unos 6 mil millones de dólares, y lo hace esencialmente cargando más a las personas de mayores ingresos, a empresas financieras y del sector extractivo, y a productos poco saludables o contrarios al medio ambiente. Se busca con esta reforma mantener la estabilidad fiscal del país y reducir la desigualdad y la pobreza, la expectativa es reducir el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad, en el que 0 sería la igualdad perfecta y el 1 la concentración de todo en una sola persona) de 0,514 a 0,491.
José Antonio Ocampo, nuevo ministro de Hacienda de Colombia (ex secretario general de CEPAL), señaló en su presentación, que de ser aprobada como está por el Congreso, solo afectará a las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes, el 2% de los colombianos. La reforma se concentra en aumentar los impuestos de renta y ganancias ocasionales solo para los de mayores ingresos, y crear un impuesto permanente al patrimonio para quienes tengan más de 3.000 millones de pesos colombianos, algo así como 700 mil dólares. Con todos esos cambios, el Ministerio de Hacienda espera recoger más de 8 billones en 2023, el 0,56% del PIB o alrededor de 1.860 millones de dólares. No es un aumento general de la tarifa del impuesto de renta, como hicieron en el pasado los gobiernos, ya que son altos en comparación con otros países. En especial, haría permanente una sobretasa del 3% al impuesto sobre la renta que hoy paga el sector financiero. Asimismo, busca cobrar un 10% a las exportaciones mineras y petroleras cuando el precio internacional de cada producto esté muy alto y reduciría los beneficios de las Zonas Francas, entre otras. A lo anterior se suma que la reforma busca crear impuestos ambientales a plásticos de un solo uso y al carbono, con lo que refuerza el mensaje de protección ambiental que está en el corazón del Gobierno de Gustavo Petro. Este esfuerzo fiscal muestra la voluntad del nuevo gobierno de elevar los ingresos del gobierno para fortalecer las finanzas públicas y poder, con ello, realizar una política de reformas sólidas, en favor de una mejor distribución de la riqueza.
En materia de cooperación regional, el presidente Petro anunció un acuerdo con el gobierno de Chile para revivir el Pacto Andino con el fin de fortalecer la región y con ello configurar un esquema de cooperación no sólo en lo comercial, sino que se ha mencionado la intención de la integración de la energía eléctrica y las energías limpias. Estos acuerdos podrían ampliarse en caso de que en las elecciones de octubre en Brasil ganara Luiz Inácio Lula da Silva. Esta apuesta parece abrir un nuevo camino para la región, que se complementa con el esfuerzo del gobierno del Presidente Biden por contrarrestar el cambio climático, que después de una larga lucha logró la aprobación de un presupuesto por 369 mil millones de dólares para contrarrestar el cambio climático.
Lo anterior muestra que el proceso de reformas a las políticas públicas no está agotado en América Latina sino que se abre una posibilidad para replantear el futuro de las economías de la región y no sólo eso, sino que da pauta para que los países más grandes de América Latina, Brasil y México puedan aprender de las economías intermedias para fortalecer al sector público en apoyo a una mejor distribución de la riqueza, a través de la puesta en marcha de una política de reformas, entre ellas, la fiscal. Esta ha sido una asignación pendiente en nuestro país, al iniciar la Administración se comentó que se realizaría posteriormente, sin embargo, nunca se concretó, con lo cual se mantiene la debilidad de las finanzas públicas nacionales y restringe acciones para fortalecer las instituciones del país, en especial, las relacionadas con la salud. Esta tarea pendiente se suma a la falta de acuerdos en materia de cooperación con la región de América Latina, las acciones en este rubro han sido sumamente limitados. Visiones divergentes sobre el crecimiento y la economía en América Latina, en donde nuestro país aparece con muchas tareas pendientes que deja a la próxima Administración, con lo cual se alarga el proceso para fortalecer al sector público y con ello, contar con una plataforma para lograr una mejor distribución del ingreso y la riqueza en nuestro país.