En las últimas dos semanas se publicaron dos importantes reportes, por una parte, la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 2020 de Inegi y por otra el Informe Multidimensional de la Pobreza en México 2018–2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. La primera sirve para la elaboración del informe del Coneval: ambas contribuyen a configurar de manera precisa la situación que prevalece en el país en materia de ingresos y gastos de los hogares, y a partir de ésta a la determinación de los niveles de pobreza, por lo que esta información es esencial para la readecuación de la política económica con el fin de elevar el nivel de bienestar y acotar los niveles de pobreza que prevalecen en el país.
La Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares permite estimar la concentración del ingreso de los hogares, a través del Índice de Gini (el cual puede ser de uno cuando el ingreso está en manos de un solo individuo y cuando está cercano a cero es que el ingreso está mejor distribuido). Este índice puede ser utilizado para evaluar si las políticas públicas están contribuyendo a generar una mejor distribución del ingreso. Los resultados de la encuesta entregada por Inegi nos proporcionan datos de las últimas tres encuestas, 2016, 2018 y 2020. En este periodo el índice de Gini pasó de 0,446 en 2016, a 0,417 en 2018 y a 0,406 en 2020, lo que muestra una reducción en la desigualdad del ingreso en México entre 2016 y 2020, lo cual se puede considerar como positivo. Sin embargo, al analizar con mayor detalle los resultados, se observa que derivan de un aumento en el ingreso del décil 1, tanto en 2018, como en 2021, derivado de las transferencias de las cuales fueron objeto los grupos de más bajos ingresos en este periodo. Los déciles del 2 al 7 aumentaron su ingreso en 2018 gracias a los programas sociales, sin embargo, lo redujeron en 2020. Los deciles del 8 al 10 redujeron su ingreso tanto en 2018 como en 2020, es decir hubo un reacomodo entre los grupos de ingreso que es lo que permitió una mejora en el Índice de Gini. El escenario ideal es que el índice mejore con un crecimiento del ingreso de todos los deciles, pero con una mayor proporción en los primeros deciles. En esta ocasión se redujeron ingresos en todos los segmentos en 2020, con excepción del primer décil, por lo que la reducción del coeficiente de Gini se alcanzó con el empobrecimiento de las familias. La aspiración debería ser el logro de una mayor igualdad con crecimiento de los ingresos de la población y no con un empobrecimiento generalizado. Conviene mencionar que el índice, aunque menor al de hace cuatro años, es elevado comparado con otros países, como son los países escandinavos que cuentan con un índice 0,28 y en donde la reducción de la desigualdad se ha dado a través de fuertes sistemas impositivos que han dado lugar a un fuerte sistema de bienestar social y no a través de reducciones de los ingresos de los hogares.
La necesidad de un fuerte sistema de bienestar social se hace evidente ante el empobrecimiento de la población documentada en forma amplia en el reporte del Coneval en donde se muestra que la población en situación de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones entre 2018 a 2020, es decir 3.8 millones más de pobres. Los pobres extremos alcanzaron en 2020 los 10.8 millones, dos millones más que en 2018. La situación se vuelve aún más preocupante al analizar las carencias sociales, es una enumeración de todo lo que se ha dejado de hacer, es una enumeración de las tareas pendientes, así tenemos que en rezago educativo están 24.4 millones de personas, en carencias por acceso a los servicios de salud 35.7 millones, en carencia por acceso a la seguridad social 66 millones, en carencia por calidad y espacios de la vivienda 11.8 millones, por carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda 22.7 millones, por carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 28.6 millones y población por ingreso inferior a la línea de la pobreza extrema por ingresos 21.9 millones de personas.
La resolución de estas carencias podrían ser la agenda de política económica para el periodo 2022 a 2024, en la expectativa de que al finalizar esta administración se acotara el crecimiento de la pobreza. Sin embargo, la estrategia requiere de una restructuración de la Hacienda pública, para dar cabida a un mayor apoyo a actividades estratégicas, para lo cual se requiere o bien de una reforma fiscal o de un mayor endeudamiento público, ya que los recursos con que cuenta actualmente el Estado son a todas luces insuficientes. Si a la reducción de las carencias se suman los proyectos prioritarios que se ha fijado la administración, los montos requeridos para el Presupuesto 2022–2024 se multiplican. Es el momento de fortalecer al Estado para que pueda hacer frente al gran reto de reducir la pobreza extrema y dejar terminados proyectos estratégicos que fortalezcan la economía como es el caso del corredor interoceánico.