México, Estados Unidos y Canadá iniciaron esta semana una serie de reuniones para analizar el cumplimiento de las nuevas reglas establecidas en el TMEC. Para nuestro país es un gran desafío, ya que implica revisar la forma como se van a cumplir los acuerdos laborales entre México. Estados Unidos y Canadá. A lo que se suma la revisión de la regulación medioambiental trilateral para lo cual se realizará una reunión especial el próximo 17 de junio.

El nuevo acuerdo es una gran apuesta, ya que Estados Unidos y Canadá buscan reducir el enorme déficit comercial que tienen con México que en 2020 alcanzó 164 mil millones de dólares. La apuesta estadounidense y canadiense es reducir la brecha salarial que existe con México, de forma que en el largo plazo esto equilibre el comercio trilateral. Sin embargo, el camino es largo ya que parte de este superávit está enraizado en la industria automotriz que explica 65 por ciento del total. El argumento de los detractores del tratado en Estados Unidos es que este enorme superávit de México deriva de una estructura sindical corrupta que han permitido mantener los salarios en niveles muy bajos, lo cual es cierto. Analicemos en el segmento de fabricación de automóviles y camiones en 2019, el pago por hora era de 9.3 dólares en México en tanto en Estados Unidos era de 34 dólares y en Canadá de 29 dólares; esta brecha se hacía mayor en el sector de autopartes en México se pagaba 4.8 dólares la hora en tanto en Canadá 17.9 dólares y en Estados Unidos 25.2 dólares.

La reducción de estos desequilibrios en el mercado laboral sin lugar a duda que requieren de una gran ingeniería económica-política-social que limite en un primer momento el deterioro y poco a poco ir reduciendo la brecha. El fijar metas para la reducción de estos desequilibrios se incluyó en el TMEC, derivado de la presión que ejercieron los sindicatos estadounidenses especialmente la AFL-CIO, que convenció a la poderosa líder de los demócratas, Nancy Pelossi, para que se establecieran cláusulas para una reducción progresiva de la brecha salarial entre Estados Unidos y México.

Estas cláusulas fueron aceptadas por los tres países y derivado de estos acuerdos se realizó una revisión de la Ley Federal del Trabajo en México, en donde se garantiza la democratización sindical, cambiando toda la historia reciente del país en esta materia. A lo anterior se sumó la reformulación del sistema de justicia laboral que desapareció a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los nuevos juicios que se generen en su momento, deberán ser resueltos por el Poder Judicial local o federal, según corresponda de acuerdo con las reglas de competencia laboral.

Este proceso sin embargo no es lineal y se verá incautado por prácticas no democráticas. La semana pasada se presentó una solicitud para que sea revisado el caso de violación a los derechos laborales de los trabajadores de una planta de General Motors que se encuentra en Silao, Guanajuato; el alegato es por la destrucción de las boletas que contenían los votos de los trabajadores para la legitimación de contrato colectivo de trabajo, cuya titularidad la mantiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Sidero Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, ‘Miguel Trujillo López’. El hecho fue denunciado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos como una violación a los derechos de los trabajadores. La solicitud de revisión marca la primera vez que un país ha utilizado el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el TMEC, que permite a los países enfocarse en las violaciones de los derechos laborales en fábricas específicas. Estas denuncias han sido aceptadas por México a través de la Secretaría del Trabajo, dando como respuesta que debido a las graves irregularidades en la votación se realizarán nuevas elecciones en treinta días en la planta de General Motors en Silao.

En esta perspectiva la cuestión laboral será un elemento clave en la aplicación de este nuevo tratado a lo que se sumarán las cuestiones ambientales que se revisarán en junio próximo y en donde México tendrá que dar una respuesta clara y contundente sobre el apoyo a las inversiones de energías limpias como la solar y la eólica. Así como la política que se seguirá para la reducción de las energías contaminantes cómo lo es la electricidad producida a través de combustóleo, que es mucho más cara (un megawatt producida por este medio cuesta alrededor de 138 dólares en tanto el mismo megawatt generado con renovables cuesta 67 dólares).

En esta perspectiva México se enfrenta al TMEC con grandes retos, en donde se requiere de una política industrial más agresiva, combinada con una política laboral intensa que reestructure la maraña de convenios sindicales que mantienen los salarios mexicanos deprimidos y a todo lo anterior establecer compromisos en materia ambiental que sean compatibles con el Acuerdo de París. Esta reestructuración demanda de una agenda puntual, ya que la administración Biden tiene dos grandes pilares por una parte la cuestión laboral y por otra parte un cambio sustantivo en materia medioambiental. La expectativa es que México pueda enfrentar estos retos con fuerza para cumplir con las ambiciosas metas del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.