Existe un dicho español para alertar de un engaño: “te están vendiendo una moto”. Antes de comprar la reforma electoral, veamos las piezas de la moto del gobierno.
La publicidad de la venta promete: a) serán electos directamente los diputados plurinominales y el Senado tendrá menos integrantes; b) se reducirá el financiamiento a partidos y, c) las elecciones costarán menos.
No es una paradoja menor que un gobierno que se autodenomina de izquierda tenga tan marcada animadversión al gasto público, que su prioridad básica sea recortar y no velar por el cumplimiento de los derechos de la gente, en este caso los políticos.
Detrás de la propuesta no hay una lógica garantista, sino, en el mejor de los casos, la de un administrador cicatero. Pero veamos más a fondo los tres puntos clave de la reforma.
Primero, la composición del Congreso. Se vende la reforma a partir de una falacia, pues hoy ya se vota directamente a los diputados plurinominales en la misma boleta en que se sufraga por los uninominales.
Tan solo en la elección de 2024, se emitieron en las casillas 59,447,863 votos ciudadanos por las 200 diputaciones plurinominales, de acuerdo con los cómputos del Instituto Nacional Electoral.
Despejado el engaño, ¿qué queda? Seguirá habiendo 200 plurinominales a distribuir entre los partidos según su votación, pero cien no saldrían de una lista, sino que de cada partido se tomará a los más votados en los distritos.
Así, la gran novedad es que los partidos tendrán menos claridad para definir qué cuadros llegarán al Congreso, lo cual se hace eco del discurso antipartido de que las dirigencias siempre ponen a los plurinominales (otra media verdad: ¿no postulan también a los candidatos distritales?).
La fórmula que propone el gobierno va contra el mecanismo que hizo posible que la izquierda democrática enviara a sus dirigentes más destacados a la Cámara de Diputados (Martínez Verdugo, Heberto Castillo, Rincón Gallardo, Rolando Cordera, Álvarez Garín, Arnaldo Córdova, Rosario Ibarra).
Pero la reforma destaca por lo que no toca: deja intacta la sobrerrepresentación. No remueve el exceso de 8 por ciento entre porcentaje de diputados y de votos, no busca equilibrar la presencia legislativa de cada fuerza con su respaldo popular, y da pie a que se repitan hipermayorías calificadas no surgidas de la voluntad depositada en las urnas, como pasó en 2024.
En lo que hace al Senado, en cada entidad la primera fuerza se llevará el 67 por ciento de la representación, aunque rara vez logre obtener ese porcentaje de votos (Morena tuvo en 2024 el 47 por ciento de la votación nacional al Senado). Una clara fórmula para reforzar la sobrerrepresentación y dañar al pluralismo real.
Segundo: reducir el financiamiento a los partidos. Se trata de una medida que despierta el aplauso fácil, pero equivocado. Los recursos de los partidos solo pueden tener dos orígenes: público o privado.
El primero busca la equidad y es transparente. Reducirlo beneficia a quien está en el gobierno y genera una mayor dependencia del dinero privado. Eso aumenta el riesgo de captura de los partidos por grupos de poder económico o, en el peor de los casos, delincuencial.
En un contexto de ominosa presencia del crimen organizado, ¿para qué generar incentivos para su mayor influencia en la vida política?
Tercero: minar a las instituciones electorales. Al anunciar la reforma, se fijó una disminución de 25 por ciento al presupuesto de las autoridades electorales, que se concretaría en la legislación secundaria. La cifra no se desprende de diagnóstico alguno.
El trabajo de la estructura permanente del INE ofrece comicios bien organizados y confiables. Gracias al sistema electoral edificado en las últimas décadas, al fin los miles de cargos de gobierno y representación del país en los tres órdenes de gobierno se deben únicamente a votos reales y bien contados.
Eso se pondrá en peligro, ¿a cambio de qué ahorro? El presupuesto operativo del INE en 2026 representa un peso y cuarenta centavos por cada mil pesos del gasto federal. Con el recorte, el INE vería mermada la estructura de su servicio profesional, mientras que el gobierno obtendría apenas ¡treinta y cinco centavos! (25 por ciento de 1.4 pesos) por cada mil pesos que ya dispone.
¿Qué nos venden? Una reforma para perpetuar mayorías artificiales en el Congreso, inducir inequidad y dinero ilícito en las campañas, además de poner en riesgo la organización electoral. Esa moto no se compra.