El principio básico de la democracia de que el voto de cada ciudadano valga lo mismo se cumple en México de forma cabal en la elección de autoridades unipersonales —alcaldías, gubernaturas, presidencia—, pero no así en la conformación del Congreso: el peso del sufragio popular por algunos partidos se reduce al traducirlos en diputados, mientras que al de otros se les añade representación no lograda en las urnas.
Es la distorsión de la sobre y subrepresentación. Tal problema se agravará si desaparecen los legisladores plurinominales. Pero existe una práctica solución si la reforma electoral busca mejorar y no lastimar la democracia. Veamos el problema, el peligro y la solución.
Uno: el problema. Como es sabido, en la elección de 2024 los tres partidos de la coalición del gobierno tuvieron el 54 por ciento de los sufragios en las urnas, pero acabaron convertidos en 73 por ciento de los diputados. El apoyo popular al gobierno se infló en 19 por ciento al traducirse en legisladores, y el voto ciudadano por la oposición fue comprimido en esa proporción.
No fue la primera vez: en 2021 la coalición del gobierno recibió 47.8 por ciento de la votación emitida a la Cámara, pero obtuvo 55.6 por ciento de los diputados. Así, la minoría de votos ciudadanos se volvió la mayoría en la Cámara y viceversa.
En 2018 también había ocurrido: el 45.4 por ciento de la votación emitida terminó volviéndose 61.6 por ciento de los diputados, una sobrerrepresentación del gobierno de 16.2 por ciento. Lo anterior se debe a tres razones, una válida y dos fraudulentas:
1) La Constitución permite una sobrerrepresentación máxima de 8 puntos entre porcentaje de votos y de diputados, lo cual no es deseable, pero ahora es del todo legal.
2) La figura de las coaliciones se ha usado para favorecer al partido dominante (la gente vota en los distritos por Morena, pero esos triunfos de mayoría relativa se le obsequian al PT o al Verde y, gracias a ese truco, Morena se hace de decenas de diputados plurinominales extras que se le quitan a la oposición).
3) En 2024, el INE y el Tribunal Electoral interpretaron que el límite de 8 puntos de sobrerrepresentación no es el máximo en que puede afectarse el voto ciudadano en unos comicios, sino que lo vieron como la cuota en que cada partido de la coalición oficial podría ver inflada artificialmente su bancada.
Dos: el peligro de empeorar. De darse la desaparición de los plurinominales, la Cámara se integraría sólo por 300 diputados de mayoría relativa (como ocurría hasta 1963). Así que todos los millones de votos por partidos distintos al ganador en cada distrito se quedarían sin representación: un claro castigo contra las minorías.
Con esa fórmula, Morena y sus aliados, que en 2024 ganaron 258 distritos, el 86 por ciento de los 300, se quedarían con tal porcentaje de diputados: una sobrerrepresentación de más de 30 puntos. Las oposiciones, con 45 por ciento del voto popular, tendrían apenas el 14 por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados: dos terceras partes del voto opositor serían anuladas en la representación; es como si por cada tres sufragios populares por los partidos opositores nada más se contara uno.
Tres: una solución práctica y minimalista. Para no crear mayorías ni minorías parlamentarias artificiales, para dar a cada voto ciudadano el mismo peso y valor en la integración de la Cámara de Diputados, basta con tres sencillos pasos:
a) El primero es eliminar premios a la sobrerrepresentación en la Constitución, ni ocho puntos ni cuatro, ninguno.
b) Que los 200 diputados plurinominales se asignen para equilibrar al máximo el peso que cada partido obtenga en las urnas con su representación legislativa, así que a nadie se le regalaría ni se le sustraería presencia parlamentaria no surgida del apoyo ciudadano.
c) No hace falta prohibir las coaliciones, sino disponer que cada triunfo distrital de éstas se le otorgue al partido que diga la gente, es decir, el que reciba más sufragios, sin trasvasar triunfos electorales de un partido a otro en acuerdos de escritorio. En suma, que las urnas y la voluntad popular determinen sin trucos ni interferencias la composición de la Cámara.
Con esos ajustes mínimos no hay que cambiar el principio de que la Cámara se integra por dos vías, la de mayoría relativa con 300 diputaciones y 200 de representación proporcional, y se podría cumplir un requisito de toda reforma electoral democrática: ser fruto del consenso.