A lo largo del siglo XXI, México ha podido presumir de responsabilidad en sus finanzas públicas (el promedio del déficit en el balance presupuestario del gobierno federal es menor a 2 por ciento del PIB) y, sin embargo, la economía mexicana ha tenido uno de los peores desempeños del mundo: apenas logra crecer 1.6 por ciento al año (menos que durante la “década perdida” de los años ochenta, cuando crecía a 1.9 por ciento). Vaya paradoja: un buen discípulo en el manejo nominal de sus cuentas públicas, pero con un resultado en términos reales bastante malo. ¿Están relacionados ambos temas? Sí. ¿Es equivocado mantener a raya el déficit público? No. ¿Entonces, dónde está el problema? En la manera en que aquí se ha obtenido tal equilibrio, a través de un mal atajo, lo que mina directamente la capacidad de crecer de la economía. Veamos.
Es preciso recordar que el balance presupuestario es eso: lo que queda de restar los gastos a los ingresos gubernamentales. Así que, para cuidarse de no caer en déficit excesivo, importa tanto lo que se gasta como lo que se ingresa.
Los países desarrollados destinan al gasto público alrededor del 40 por ciento del PIB para asegurar una buena dotación de infraestructuras y servicios públicos de calidad, y se ocupan de lograr ingresos públicos equivalentes. En México, el gasto público es inferior, de 25 por ciento del PIB, porque históricamente ha sido incapaz de tener una buena recaudación fiscal: es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Entonces, el déficit reducido sólo se logra castigando el gasto, pero sobre todo la formación bruta de capital pública, la inversión física, lo que asfixia año con año la capacidad de crecer.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da cuenta de que, mientras México tiene ingresos tributarios equivalentes al 17.7 por ciento del PIB, Costa Rica logra 24.9 puntos, Uruguay 27.4 y Brasil 32 puntos, por no hablar de los países de la OCDE que, en promedio, captan ingresos tributarios por 33.9 puntos del PIB, más del doble que nosotros.
En México, la baja recaudación tributaria se solía compensar en buena parte con los ingresos petroleros, que en 2008 representaron más de un tercio (36 por ciento) de los recursos gubernamentales, pero para 2014 eran solo una quinta parte (19 por ciento) y ya en el presente la contribución neta del petróleo a las finanzas públicas es nula, por las transferencias de Hacienda a Pemex para aliviar su deuda. Vivíamos de las rentas del subsuelo, pero eso ya se acabó.
Si los ingresos tributarios no aumentan lo suficiente y caen drásticamente los petroleros, ¿cómo es que no se disparó el déficit público? A través del atajo, ajustando la inversión a la baja: si en 2009 alcanzó el 9 por ciento del PIB, para 2014 cayó a 4.2 por ciento y ahora apenas ronda 2.5 por ciento del producto. Para entender el retroceso en inversión pública, baste decir que en términos absolutos en 2025 es equivalente a la de 1990, cuando la economía era de la mitad del tamaño que es ahora. El precario monto de inversión física se reducirá aún más, según expresan los recientes criterios de política económica, a 2.3 por ciento entre 2027 y 2031.
En lo que queda de la década y del sexenio, se mantendrá en niveles ínfimos la inversión para infraestructura en energía, en agua y drenaje, en carreteras, etcétera. A la par, el aumento de las transferencias directas a la población afecta a las partidas de gasto en educación superior, medio ambiente, vivienda y servicios a la comunidad, al gasto en salud, lo que debilita la provisión de bienes y servicios públicos. Y no ceja de crecer el gasto en pensiones. En el horizonte cercano, sin más recursos tributarios, no hay garantía de que se pueda mantener el déficit acotado, mientras que el bajo volumen de inversión sí permite saber que la economía permanecerá estancada.
Los gobiernos que ha tenido México en este siglo, provenientes de tres fuerzas políticas distintas, logran la consolidación fiscal ajustando a la baja la inversión pública, que es indispensable para atraer y complementar a la del sector privado. Estos gobiernos han eludido, por razones ideológicas y cálculos electorales, emprender la reforma fiscal que la economía necesita desde hace décadas.
No puede calificarse como responsable un equilibrio nominal de las finanzas públicas que se consigue a costa de secar el crecimiento. Se trata de un equilibrio fiscal espurio y, además, insostenible.