Se presentó el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cifras oficiales confirman que continúa un adverso panorama financiero para el conjunto de la educación superior pública, el cual inició con el gobierno de López Obrador. Los recortes presupuestales a las universidades públicas no ocurrían desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Vayamos a los números.
La página 312 del anexo estadístico del primer informe de gobierno de 2025 da cuenta de que el gasto federal a la educación superior alcanzó los 182,060.4 millones de pesos corrientes, cuando en 2024 fue de 184,647.7 millones y de 184,850 millones en 2018. Pero si se toman las cifras en pesos constantes, es decir, eliminando el efecto de la inflación, la caída real es mayor que la que aparentan las cifras nominales. El Banco de México estima que la inflación para 2025 será de 3.95 por ciento y, si se agrega la registrada entre el fin de 2018 y el de 2024, el aumento de precios acumulado es de 39.2 por ciento. Con esa inflación, el desplome del presupuesto federal para la educación superior solo entre 2024 y 2025 resulta de 5.1 por ciento, que se suma a la caída real de una cuarta parte (25.4 por ciento) de los recursos para educación superior al cerrar el sexenio de López Obrador frente al final del gobierno de Peña Nieto. Si se compara 2025 con 2018, es decir, lo que ha ocurrido en los siete años de gobiernos de Morena, la reducción del gasto federal a la educación superior acumula una caída real de 29.2 por ciento.
Las cifras del propio anexo estadístico del más reciente informe de gobierno permiten corroborar que en los primeros tres gobiernos de este siglo venía creciendo el presupuesto a la educación superior en términos reales: se amplió en 40 por ciento con Vicente Fox; en 48.2 por ciento con Felipe Calderón; en apenas 3.6 por ciento con Peña Nieto. A números rojos se pasó con López Obrador y en la presente administración.
Incluso en los dos últimos gobiernos del siglo pasado, la educación superior pública recibió un apoyo creciente del gobierno federal. En el sexenio de Salinas de Gortari, la renegociación de la deuda externa permitió volver a ampliar el gasto público, que en los años previos se había castigado durante el ajuste de las finanzas públicas, a grado tal que el aumento en los recursos a educación superior fue de 88.3 por ciento entre 1988 y 1994. Después, en el gobierno de Ernesto Zedillo, si bien se produjo una caída presupuestal a consecuencia de la crisis económica de diciembre de 1994, al final del sexenio el financiamiento federal a la educación superior fue 19 por ciento más que al inicio de ese gobierno.
Hay que remontarse al sexenio de Miguel de la Madrid para encontrar otro episodio de castigo financiero del gobierno a las universidades públicas. Entre 1982 y 1988, en pleno estallido de la crisis de la deuda y la drástica política de ajuste a las finanzas públicas, la caída de los recursos federales a la educación superior fue de 42 por ciento. (Disculpará el lector la cita propia: los datos correspondientes a los tres sexenios finales del siglo pasado los tomé del libro La economía política de la educación superior en México, de mi autoría, que publicó la ANUIES en 2009, mismos que son del todo verificables en fuentes oficiales).
Cabe decir que ese primer ajuste sexenal hacia la educación superior pública en el gobierno de De la Madrid ocurrió cuando el total del gasto programable se contrajo en 42.2 por ciento. Es decir, la crisis de las finanzas públicas le pegó, de lleno, a las universidades, como ocurrió también con el resto de las partidas del gasto. Años de crisis general, también para la educación superior.
La diferencia es que, en el actual episodio de castigo financiero a las universidades, el gasto programable federal no se redujo; al contrario, creció en términos reales (de nuevo, cifras del primer informe de Claudia Sheinbaum) en un 15 por ciento entre 2018 y 2025. El gobierno federal dispuso de una cuantía mayor de recursos y, sin embargo, decidió castigar a las universidades públicas, en especial a las de las entidades federativas. Las causas no fueron una crisis de la deuda o la necesidad de un ajuste a las finanzas públicas; se trató, solo, de las prioridades de política: los datos confirman un maltrato financiero a las universidades públicas a partir de 2018. Son cifras oficiales, inocultables y, en términos de desarrollo, lamentables.