Cae el telón para el Poder Judicial independiente. El próximo lunes entra en funciones una Suprema Corte de Justicia que surgió de una reforma que desfiguró la democracia constitucional y que, además, emanó de un proceso de votación ajeno a todo estándar de integridad electoral. Por la gravedad del tema, es preciso dejar constancia de las tres últimas irregularidades de la “elección” del judicial.
Primero: acordeones y manipulación del voto. El politólogo Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hizo un exhaustivo análisis estadístico de la votación del 1 de junio y evidenció resultados del todo atípicos frente a una elección genuina (se puede consultar en https://javieraparicio.net). Veamos.
Aparicio advierte: “uno de los aspectos más preocupantes de la elección del 1 de junio pasado es, justamente, la extraordinaria uniformidad de sus resultados a nivel casilla, distrito o entidad, a pesar de tratarse de una elección con listas abiertas de considerable complejidad”. Y se cuestiona: “en la elección judicial no hubo logotipos partidistas y se votaron listas abiertas. ¿Cómo pudo ocurrir que, entre 64 candidaturas para la Corte y 38 para el Tribunal de Disciplina, las y los ganadores presenten un patrón tan homogéneo de votación en la gran mayoría de entidades o distritos?”.
El investigador subraya: “todos y cada uno de los nombres incluidos en un acordeón en particular ganaron, y todos los aspirantes que no estuvieron incluidos en ese acordeón en particular, quedaron fuera de la Corte o del Tribunal de Disciplina”. Y concluye: “en la elección para la SCJN, se observa que las nueve candidaturas ganadoras tendieron a recibir mayor apoyo electoral en las casillas con mayor participación en la mayoría de las entidades. En una elección con baja participación generalizada, este patrón puede considerarse anómalo y puede ser un indicio de una votación dirigida o coordinada, en vez de voluntaria”.
Como se sabe, el Tribunal Electoral desechó las quejas contra el uso de los acordeones y los resultados atípicos. A estas alturas, la única certeza que brinda el Tribunal Electoral es su persistente defensa de los intereses del poder en turno.
Segundo: incumplimiento de los requisitos para ser candidato. No fue un detalle menor que en la reforma judicial se introdujera como requisito casi único para ser juzgador federal el haber obtenido un promedio de 8 en la carrera de derecho y de 9 “en las materias relacionadas con el cargo” (además de conseguir una carta de apoyo de cinco vecinos, lo que, para desdoro de la nación, se incluyó de forma textual en el artículo 96 de la Constitución). Lo mínimo que cabía esperar es que los comités que postularon las candidaturas verificaran el cumplimiento de tan menor requisito. No fue así.
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no dar la constancia a 33 personas ganadoras que no cumplieron el promedio escolar mínimo exigido. El Tribunal Electoral revocó la decisión con el argumento, como advirtió Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (El Universal, 31/07/25), de que “los requisitos de promedio no son ‘condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas’, sino que tienen un carácter ‘cualitativo, técnico y valorativo’, y que, por tanto, el INE no podía revisarlos”. Como se lee: por sentencia judicial, un promedio escolar no es medible, no es más un dato cuantitativo, y tan pobre requisito devino en papel mojado.
Tercero: uso ilegal del dinero por los ministros electos. Al votar los dictámenes de fiscalización de las campañas de los próximos ministros de la Corte, el INE determinó que ocho de ellos incurrieron en faltas sustanciales, de fondo, a la ley electoral en materia de uso de recursos económicos. Uno más, el próximo presidente de la Corte, fue sancionado por beneficiarse de la propaganda en los acordeones de inducción del voto.
Los nuevos ministros pronto tomarán graves e incontrovertibles decisiones: definirán la libertad o prisión de personas, resolverán controversias entre gobiernos y poderes, sus sentencias afectarán a empresas y trabajadores. Quienes deben ser guardianes escrupulosos de la legalidad, la vulneraron en la búsqueda de sus cargos.
Con estos antecedentes habrá quien afirme que hemos tocado fondo. Mas no es así, esa sería una lectura optimista: con este Poder Judicial, para una ciudadanía ahora más indefensa se abre un profundo abismo.