El incremento en el ingreso de las familias y la reducción en la desigualdad son una buena noticia para la sociedad mexicana, más allá de que lo sean para el gobierno. Pero lejos estamos de resolver los graves problemas de pobreza y distribución de la riqueza, y las propias cifras oficiales permiten advertir retrocesos y riesgos. Van cinco comentarios a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) que dio a conocer el INEGI la semana pasada.
Primero: mejora el ingreso, sobre todo de los más pobres. El ingreso promedio decreció 10.8 por ciento entre 2016 y 2024. Para los hogares del 40 por ciento más pobre de la población, el aumento del ingreso fue 30.1 por ciento, casi un tercio más. En cambio, el 10 por ciento más rico de la población vio caer su ingreso ligeramente, en 7.6 por ciento. Si en 2016 un hogar del diez por ciento más rico de la población tenía un ingreso 21 veces más grande que el de un hogar situado en el diez por ciento más pobre, para 2024 esa diferencia fue “solo” de 14 veces. No está mal esa corrección de la desigualdad.
Segundo: la clave es la recuperación del salario. El trabajo aporta dos terceras partes (65.6 por ciento) del ingreso de los hogares. De ese monto, el 85 por ciento se debe a trabajo subordinado (quienes reciben salarios), 12 por ciento a ingresos por trabajo independiente y 3 por ciento a ingresos por otros trabajos. Entre 2016 y 2024, el ingreso por trabajo subió en promedio 13.2 por ciento y el del trabajo subordinado en 13.8 por ciento. Es evidente que los salarios mejoraron el ingreso promedio de las familias, sobre todo de las de menores ingresos: el decil más pobre vio incrementar sus percepciones laborales en 123 por ciento, el segundo decil en 36 por ciento, el tercero en 28 por ciento, el quinto en 24 por ciento, y sólo bajó, muy poco, el ingreso del décimo decil en 0.2 por ciento. Hubo una política salarial redistributiva y aquí cae el primer mito: el importante aumento real del salario mínimo no desató espirales de inflación, desempleo o informalidad.
Tercero: las transferencias de los programas sociales son limitadas y empiezan a ser regresivas. Todas las transferencias, públicas y privadas, representan menos de una quinta parte (17.7 por ciento) del ingreso de las familias y los beneficios provenientes de programas gubernamentales fueron apenas el 3.2 por ciento del ingreso en 2024, cuando eran el 1.8 por ciento en 2016; ergo, pesan muy poco para explicar la mejora del ingreso. Pero los programas sociales cada vez están menos dirigidos a la población que más los requiere. Mientras en 2016 el 57 por ciento del decil más pobre recibía programas sociales, en 2024 fue el 40 por ciento de esos hogares; en cambio, en el decil más rico, en 2016 solo el 10 por ciento tenía beneficios de programas sociales y en 2024 el 27 por ciento: la política social del sexenio pasado perdió foco, se hizo más regresiva y menos progresiva. Se evidencia otro mito: que las transferencias líquidas del gobierno estén corrigiendo la desigualdad. Además, las finanzas públicas no dan para seguir aumentando sin más las transferencias que se han ampliado a costa de castigar la inversión pública y, por tanto, de lastrar el crecimiento. Es una política de gasto sin efectos redistributivos y contraria al dinamismo económico.
Cuarto: continuamos siendo un país muy desigual. El índice de Gini, medida usual de la desigualdad (en cero no hay desigualdad, en uno la hay en extremo), disminuyó de 0.449 a 0.391, equivalente a 13 por ciento. Un Gini aceptable es cercano a 0.25: hay que reducir tres veces más la desigualdad que lo logrado en los últimos ocho años.
Quinto: sigue disparándose el gasto de los hogares en salud y avanza el envejecimiento. La ENIGH informa que el gasto monetario promedio de los hogares aumentó 12.3 por ciento entre 2016 y 2024. Pero en salud el incremento fue más de tres veces mayor: 40 por ciento, reflejo del daño al sistema público de salud.
Por otra parte, disminuyó en 25 por ciento el número de integrantes de los hogares menores de 15 años, cayó 5 por ciento el número de integrantes en edad productiva (de 15 a 64 años) y, en cambio, aumentó en 21 por ciento el número de integrantes de 65 años y más. Está ya entre nosotros el envejecimiento poblacional y toca a la puerta el fin del bono demográfico, todo ello con una economía estancada por demasiado tiempo: así se complican los desafíos económicos y sociales.