Durante décadas, México tuvo elecciones sin garantías de integridad y limpieza, pero había una certeza por todos conocida de antemano: el partido oficial resultaría ganador. En esa época, nuestro país era refractario a la presencia de observadores internacionales: para el autoritarismo, la autarquía electoral era sinónimo de soberanía política. La democratización pasó por la apertura de México al mundo hasta convertirse en un referente global de integridad electoral. Ese importante logro está en retroceso, como lo evidencian la elección judicial y la reacción gubernamental ante el informe preliminar de la misión de observación de los especialistas internacionales convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA). Veamos.
La apertura de México a la observación electoral inició hace tres décadas. En 1994, la violencia política ensombrecía el horizonte y fue necesario un amplio pacto político para dar legitimidad a las elecciones presidenciales. Todas las fuerzas políticas acordaron inyectar autonomía al árbitro electoral —se crea la figura de los consejeros ciudadanos en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE)— y, entre otras novedades, se permitió que visitantes extranjeros vinieran a conocer la organización y desenlace de los comicios. Bajo la premisa de que “el que nada debe, nada teme”, se mostró a la comunidad internacional cómo se hacían las elecciones.
En poco tiempo se pasó del aislamiento a la cooperación: se trabajó con la división de asistencia electoral de Naciones Unidas, así como con organizaciones promotoras de la democracia como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-CAPEL).
La existencia de un árbitro electoral autónomo e independiente del gobierno, la presencia de la oposición en cada espacio de decisión de la organización de los comicios, las condiciones equitativas para las campañas, medidas redundantes de limpieza (credencial para votar con fotografía, líquido indeleble, urnas transparentes, mesas de casilla integradas por ciudadanos sorteados y capacitados, transmisión de resultados la misma noche de la elección) llamaron la atención internacional. México pasó de ser mal a buen ejemplo en integridad electoral. Así, tras el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica, el IFE fue convocado para dar asistencia electoral; cuando Perú recuperó la democracia tras el régimen de Fujimori, la ONU solicitó que funcionarios de carrera del IFE fueran a coordinar la organización electoral. México tuvo misiones de asistencia también en Medio Oriente.
En las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) era usual encontrar delegaciones de todos los rincones del planeta: querían saber cómo un país de profunda desconfianza había construido un sistema electoral creíble. No fue la obra de un partido, un gobierno, un grupo: fue una construcción de la sociedad mexicana, fruto de consensos democráticos que se concretaron en reglas e instituciones sólidas.
Sólo entre 1994 y 2021, México recibió casi 7 mil visitantes extranjeros a sus elecciones, provenientes de 114 países. En las conclusiones de las misiones de observación electoral, la nota dominante fue el reconocimiento a la integridad de los comicios. Si se advertían áreas de oportunidad, las observaciones eran bien recibidas y tomadas en cuenta.
La reciente misión de la OEA —encabezada por la misma persona que dirigió la de 2024, Heraldo Muñoz, socialista chileno de amplia trayectoria democrática— hace un balance crítico de la elección judicial. Mucho de lo que era ejemplo en las elecciones mexicanas fue borrado en la votación del 1 de junio: conteo de votos en las casillas, claridad en el ejercicio del sufragio, resultados electorales transparentes y oportunos. Las fundadas observaciones de la OEA, cabe decirlo, no dicen nada que expertos y analistas mexicanos independientes no hubiesen señalado acerca de la carencia de integridad de la elección judicial. Pero el gobierno mexicano expresó su “firme rechazo” al informe de los especialistas internacionales que leyó como “injerencia externa”. El viejo discurso autárquico del autoritarismo está de vuelta.
El prestigio internacional de la integridad electoral de México empieza a quedar en ruinas. Bajo ellas yacerán los derechos políticos de la ciudadanía.