La población que padeció la carencia a servicios de salud en México fue de 50 millones de personas en 2022, lo que implica a cuatro (39.1 por ciento) de cada diez habitantes del país, tal como acaba de estimar el Consejo de Evaluación de la Política Social (Coneval).
El hecho, de por sí grave, empeora cuando se ve de dónde veníamos: en 2020 la carencia de acceso a servicios de salud afectaba a 35.7 millones de personas (28.1 por ciento del total). En 2018, antes del inicio del actual sexenio, padecían esa carencia 20.1 millones (16.2 por ciento). Por cada dos años de este gobierno, aumentó en 15 millones de personas el número de excluidos de la salud.
El saldo es que se pasó de 20 a 50 millones de mexicanos con carencia en salud en solo cuatro años. 30 millones más que no pueden atender un parto, una enfermedad o un accidente en una institución de salud. Son cifras oficiales del Estado mexicano y un triste ejemplo de demolición de la oferta de servicios públicos para que la gente atienda necesidades vitales.
Si se echa la vista atrás, se verá que México sí venía avanzando en el acceso a servicios de salud siguiendo la metodología del Coneval: entre 2008 y 2018 se consiguió bajar la carencia a la mitad, al pasar de 42.8 a 20.1 millones de personas. En términos relativos, el esfuerzo también había sido encomiable, pues el porcentaje de quienes padecían la carencia cayó de 38.1 a 16.2 por ciento en la década previa a la llegada de la presente administración. Pero con ella todo el camino andado se deshizo y se perdió el esfuerzo institucional, financiero y humano en protección en salud.
Hay una discusión de hasta dónde la carencia de acceso a servicios de salud que estima Coneval, que se despende de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, revela una percepción de la gente o el acceso efectivo a los servicios de salud. Aun si expresa la idea que tiene la población acerca de si tiene cobertura de su salud o no, ello repercute en el acceso real a la misma, pues si la gente se sabe excluida de tales servicios con dificultad los demandará. En el mejor de los casos, puede decirse que hay 30 millones adicionales de mexicanos que, con este gobierno, se consideran sin acceso a servicios de salud. Eso no edulcora la realidad ni disminuye la devastación que supuso cancelar, sin diagnóstico y sin perfilar una alternativa plausible, el Seguro Popular, por ejemplo.
Pero la propia ENIGH aporta evidencia de que el daño a las familias mexicanas en términos de salud no es solo en su percepción, sino directamente sobre su bolsillo y bienestar: mientras el gasto corriente monetario total de los hogares creció apenas 2.1 por ciento entre 2018 y 2022, el gasto en salud aumentó 30.9 por ciento. A cambio, disminuyó el gasto en educación y esparcimiento (-17.3 por ciento), en vestido y calzado (-13.2 por ciento) y en transporte y comunicaciones (-1.2 por ciento). Así que, para cubrir las carencias en salud, hay que gastar casi un tercio más que al inicio del gobierno, a costa de sacrificar el transporte, el vestido y, sobre todo, la educación. Por cierto, el Coneval da cuenta de que rezago educativo afectó a 1.6 millones de personas más en 2022 que cuatro años antes.
El mismo Coneval evidencia cómo la capacidad de atención de servicios públicos de salud se ha desplomado en este gobierno, orillando a la gente a las consultas privadas. Si se suman las personas que tuvieron problemas de salud y recibieron atención médica en el sector público (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE federal y locales, y otros servicios) en 2018, fueron 22.3 millones, por 18.1 millones en 2022. Es decir, cayó en 4.2 millones el número de personas atendidas por instituciones de salud del Estado mexicano. A la par, los servicios privados, que atendieron a 22.5 millones en 2018, captaron a 31.1 millones en 2022. Los pacientes del sector privado aumentaron en 8.6 millones en cuatro años. En consultorios adyacentes a farmacias se atendieron 12.6 millones de personas el año pasado, cuatro millones más que en 2018.
Los servicios públicos atendían en 2018 al 50 por ciento de las personas; en 2022 sólo al 37 por ciento. Todos los indicadores revelan que avanza la privatización de la salud.
Si el neoliberalismo se distingue por adelgazar los servicios públicos, y el populismo por destruir las instituciones públicas existentes a partir de la arbitrariedad del líder, esta catástrofe en salud bien puede describirse como obra del populismo neoliberal, ese que hoy gobierna a México.
El autor es economista, profesor de la UNAM.