Carlos Serrano Herrera

El espacio fiscal se reduce

Existen condiciones para que esta administración concluya sin que se observen desequilibrios fiscales. Pero la próxima se verá obligada a realizar cambios para aumentar la recaudación.

Economista en Jefe de BBVA México

La situación fiscal de México se compara bien con la mayoría de países emergentes, incluyendo a aquellos que tienen calificación de riesgo crediticio de grado de inversión. La deuda como porcentaje del PIB cerrará este año en un nivel de 49 por ciento, una cifra no demasiado elevada. En los últimos tres años el déficit público ha sido de alrededor de 3.0 por ciento del PIB, menor al observado en Argentina, Brasil y Colombia. Se trata de un déficit relativamente bajo que no supone problemas importantes para su financiamiento.

Sin embargo, hay señales de preocupación que indican que el espacio fiscal del país no es tan amplio y que además se reduce de forma importante. Primero, si comparamos la proporción de deuda contra ingresos gubernamentales, que son la fuente de pago de dicha deuda, México ya no compara tan bien frente a otros emergentes. Esto refleja la baja recaudación fiscal con respecto al tamaño de la economía.

Además, preocupa que cada vez se tiene que utilizar una mayor proporción de los ingresos públicos al servicio de la deuda y al pago de pensiones. Hace 10 años se destinaba 1.9 por ciento del PIB para el servicio de la deuda pública; el año entrante ese porcentaje ascenderá a 3.4 por ciento. Un aumento muy significativo que se explica tanto por el aumento de la deuda como por el de las tasas de interés. Por su parte, el pago de pensiones en los últimos años crece a un promedio de 0.3 por ciento del PIB cada año. El resultado de tener que pagar cada vez un mayor porcentaje del gasto al pago de pensiones y de servicio de la deuda es que el gobierno tiene cada vez menor espacio para ejercer el gasto. Hace una década, el gasto programable, es decir aquel en el que el gobierno tiene la discrecionalidad en torno a su ejercicio, era de 80 por ciento del gasto total mientras que ahora es de solamente 70 por ciento. Es decir, ahora un 30 por ciento del gasto va a conceptos ineludibles como pago de deuda y de pensiones y menos a otros rubros como son educación y salud. Hacia delante, el problema se agravará pues las erogaciones por estos dos conceptos seguirán aumentando como porcentaje del gasto total.

El gobierno parece reconocer este menor margen de maniobra fiscal. Mientras que en los últimos tres años se planteó –y se logró – un déficit fiscal de 3.0 por ciento del PIB, para 2023 se plantea uno de 3.6 por ciento. Si bien no se trata de un nivel alarmante, será el más alto desde 1990. Y me parece que hay un riesgo de que sea mayor ya que se diseñó con un pronóstico de crecimiento que parece optimista frente al que tienen los analistas y las multilaterales.

Me parece que existen condiciones para que esta administración concluya sin que se observen desequilibrios fiscales importantes lo cual, entre otros temas, significará que el país conservará su calificación crediticia de grado de inversión por parte de las principales calificadoras. Pero la próxima administración se verá obligada a realizar cambios fiscales de fondo para aumentar la recaudación, pues de lo contrario estas tendencias que resultan en un menor gasto discrecional continuarán y, eventualmente se podría llegar a tener una trayectoria de deuda insostenible. Sin mayor recaudación, el país no podrá hacer las inversiones necesarias en salud, educación e infraestructura que son necesarias para reducir la pobreza.

La mayor recaudación no debe de buscarse mediante mayores tasas impositivas (estas ya comparan bien a nivel internacional) sino combatiendo la evasión y reduciendo la informalidad y también creando incentivos para que estados y municipios recauden más. México pudo tener durante décadas una recaudación relativamente baja gracias a los recursos petroleros; esos tiempos han terminado y ahora se requiere fortalecer la capacidad recaudadora del Estado mexicano.

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